El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn inició una investigación por un presunto caso de uso de documentación falsa en el marco del cumplimiento de una condena por violencia de género. La causa busca determinar si un hombre, actualmente detenido, presentó certificados de cursos que no habría realizado para acceder a beneficios judiciales.
La presentación fue impulsada por el procurador de Fiscalía, Fernando Blanco, quien detalló que los certificados estaban a nombre del imputado, pero habrían sido completados por su expareja, víctima en el proceso judicial que derivó en la condena.
Según la investigación, la documentación fue utilizada para solicitar el denominado “estímulo educativo”, contemplado en la Ley nacional 24.660. Este régimen permite reducir los plazos para acceder a salidas transitorias en función de actividades educativas acreditadas durante el tiempo de detención.
Entre los cursos presentados figuraban capacitaciones en seguridad en el trabajo de carpintería, soldadura eléctrica, cultivo hidropónico en casa, construcción de termotanques solares, el arte de investigar y las competencias digitales, seguridad vial, mi propia huerta y cultivo de tomates en el hogar.
A partir de estos certificados, en una instancia previa la jueza interviniente había resuelto otorgar una reducción de dos meses en los plazos para acceder a beneficios. Sin embargo, posteriormente surgieron sospechas sobre la autenticidad de la documentación presentada, lo que motivó la apertura de la actual investigación.
El hecho fue encuadrado de manera provisoria como uso de instrumento público falso, delito previsto en el artículo 296 del Código Penal. Esta figura penal sanciona a quien utiliza documentación falsificada con conocimiento de su falsedad, afectando la fe pública y el normal funcionamiento del sistema de justicia.
La causa se encuentra en etapa de investigación y busca esclarecer las responsabilidades en torno a la presunta maniobra.