El reclamo por el estado de las rutas nacionales volvió a escalar este fin de semana, luego de que el diputado Juan Pablo Luque, junto a legisladores de Unión por la Patria, presentara una nota formal ante el ministro de Economía, Luis Caputo, para exigir la liberación de los fondos destinados al mantenimiento vial que se recaudan a través del impuesto a los combustibles.
La presentación advierte sobre el “marcado deterioro de la red vial nacional” y cuestiona que los recursos retenidos no son de libre disponibilidad, sino que deberían destinarse específicamente al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), creado para sostener, conservar y mejorar la infraestructura vial en todo el país.
A través de sus redes sociales, Luque fue contundente: “Las rutas nacionales están destruidas y no es falta de recursos: es una decisión política”. En esa línea, recordó que hace casi tres años no se realizan tareas de mantenimiento, mientras el Gobierno continúa incrementando el impuesto a los combustibles. “Los argentinos pagan más, pero las rutas están cada vez peor”, afirmó.
El planteo no es menor si se observa la evolución de la recaudación. Según los datos incluidos en la nota, en 2024 el impuesto a los combustibles generó ingresos por más de 2,5 billones de pesos, con un crecimiento superior al 378% respecto al año anterior. En 2025, la cifra trepó a casi 4,85 billones, con una variación interanual del 92,2%, posicionándose como uno de los tributos con mayor incremento.
De ese total, el SISVIAL debería haber recibido más de 360 mil millones en 2024 y más de 692 mil millones en 2025, mientras que en lo que va de 2026 rondaría los 124 mil millones. Sin embargo, los montos efectivamente destinados al sistema muestran otra realidad: en 2024, solo una parte de esos recursos fue aplicada a pagos vinculados al mantenimiento vial, mientras que una porción significativa se mantuvo en colocaciones financieras o sin asignación directa al objetivo original.
Para los firmantes del reclamo —entre ellos Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel—, esta situación implica un desvío de fondos que termina afectando directamente la seguridad vial y la conectividad en todo el país.
Luque puso el foco en la situación de Chubut como ejemplo crítico. “Las rutas 40, 3 y 25 están destruidas y son un verdadero peligro de muerte para quienes las transitan”, advirtió, al tiempo que remarcó que el deterioro impacta no solo en la seguridad de los conductores, sino también en la logística, el turismo y la economía regional.
El trasfondo del reclamo abre un debate más amplio sobre el destino de los recursos públicos y la transparencia en su ejecución, en un contexto donde la infraestructura vial aparece cada vez más deteriorada pese al aumento sostenido de la presión impositiva sobre los combustibles.
“Pagamos un costo cada vez más alto por el combustible, merecemos tener rutas transitables”, cerró el diputado, sintetizando una demanda que, lejos de ser sectorial, atraviesa a millones de argentinos que dependen diariamente de la red vial nacional.