La tensión en el sistema de salud suma un nuevo capítulo en Chubut. Médicos de cabecera nucleados en Prosate Trelew alertaron que la atención privada de afiliados al PAMI “está en peligro” tras la implementación de una resolución nacional que reduce significativamente los valores de las prestaciones y elimina incentivos clave para el sector.
A través de un comunicado, los profesionales cuestionaron las medidas adoptadas de forma “unilateral” por el organismo nacional y advirtieron que el nuevo esquema no solo precariza su trabajo, sino que empuja al sistema privado hacia el colapso. En ese escenario, aseguran, miles de jubilados podrían verse obligados a migrar hacia el sistema público, que ya funciona con recursos limitados.
El eje del conflicto es la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE#INSSJP, que redefine los valores que perciben los médicos por sus servicios. Según detallaron, el nuevo esquema fija una cápita de $2.100 para la región de la Patagonia Sur, un monto que consideran insuficiente frente a la quita de otros conceptos y al costo de vida en la provincia.
Uno de los puntos más cuestionados son los honorarios por consulta domiciliaria, establecidos en apenas $40. “Resulta totalmente irrespetuoso considerando la responsabilidad profesional, el tiempo de traslado y la complejidad de la atención”, remarcaron. A esto se suma el valor de $26,75 para consultas extra-cápita, es decir, aquellas que se realizan a pacientes fuera del padrón habitual o en tránsito, cifras que —según los médicos— “desconocen por completo el valor del acto médico”.
La normativa también elimina como prácticas facturables consultas esenciales, como el control anual de salud o la consulta clínica presencial, que ahora quedan incluidas dentro de la cápita sin una compensación acorde al trabajo realizado. Además, se dispuso la eliminación de incentivos económicos vinculados a la formación de posgrado, lo que, advierten, impacta directamente en la calidad de atención.
Desde Prosate Trelew sostienen que estas decisiones generan un efecto dominó sobre todo el sistema sanitario. “Al desfinanciar y desprestigiar la labor de los médicos de cabecera, se obliga a los jubilados a volcarse a los hospitales públicos, que deberán absorber esta demanda sin los recursos correspondientes”, señalaron, marcando un escenario crítico para la Secretaría de Salud y el Gobierno provincial.
En ese contexto, los profesionales hicieron un llamado tanto a la comunidad como a las autoridades. “El sostenimiento de este modelo, bajo estas condiciones de humillación profesional, es inviable”, afirmaron. Y aunque ratificaron su compromiso con los pacientes, advirtieron que la situación actual representa “una falta de respeto sin precedentes” hacia la tarea médica y hacia la atención de los adultos mayores.
Fuente: Diario Jornada