La Justicia de Rawson resolvió revocar la suspensión de juicio a prueba para un hombre acusado de provocar un grave accidente de tránsito, debido a reiterados incumplimientos de las condiciones impuestas, por lo que ahora deberá afrontar un juicio oral y público.
En su carácter de jueza de ejecución penal, Eve Ponce dispuso que Leandro Vázquez continúe sometido a proceso penal, dejando sin efecto el beneficio que le había sido otorgado en abril del año pasado.
La medida revoca la resolución dictada en su momento por la jueza de garantías Karina Breckle, quien había aplicado la figura de la “suspensión de juicio a prueba” tras considerar que se cumplían las condiciones legales para ello. Sin embargo, el acusado no respetó las pautas establecidas y mostró una conducta reiteradamente evasiva frente a la Justicia.
“En casi un año solo se presentó una vez en la Oficina Judicial, cuando debía hacerlo cada tres meses. Era la condición más simple y tampoco la cumplió”, sostuvo la magistrada al fundamentar su decisión, al tiempo que remarcó la falta de voluntad del imputado para acatar incluso las reglas mínimas.
Desde el Ministerio Público Fiscal, la funcionaria Analía Acuña fue contundente al señalar que “se agotó la paciencia”, al no existir evidencia de que Vázquez haya cumplido con el pago económico comprometido ni con las obligaciones de presentación periódica.
El hecho que originó la causa ocurrió el 8 de noviembre de 2023, cuando Vázquez conducía un Volkswagen New Beetle en dirección oeste-este. En ese contexto, realizó una maniobra imprudente de frenado, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Fiat Cronos que circulaba hacia Trelew.
Como consecuencia del choque, el conductor del segundo vehículo, Germán Gélvez sufrió lesiones graves, entre ellas fracturas de pelvis, cuello de fémur y omóplato, además de traumatismos múltiples que derivaron en una prolongada incapacidad laboral.
Tras la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Rawson, la funcionaria Patricia Cárcamo y el defensor oficial Pablo Sánchez habían coincidido en solicitar la suspensión de juicio a prueba, que imponía a Vázquez la realización de 250 horas de trabajo comunitario en seis meses, presentaciones trimestrales ante la Oficina Judicial, el cumplimiento de pautas de conducta y el pago de 250.000 pesos.
No obstante, el acusado incumplió reiteradamente con estas condiciones. Fue citado en múltiples oportunidades sin éxito, evidenciando resistencia a someterse a los requerimientos judiciales, lo que incluso derivó en la suspensión de audiencias. Para la última comparecencia, debió ser trasladado por la fuerza pública.
En ese contexto, la defensa había solicitado una prórroga de dos meses para que el imputado pudiera regularizar su situación, pedido que finalmente fue rechazado.
Con esta resolución, el proceso penal continúa su curso y Vázquez deberá enfrentar un juicio oral y público por el delito de lesiones graves culposas.