Un caso de estafa con criptomonedas ocurrido en Rawson tendrá una salida alternativa tras la homologación de un acuerdo judicial que prioriza la reparación económica a la víctima. La resolución fue adoptada por la jueza Eve Ponce, quien validó el entendimiento entre la Fiscalía Especializada en Cibercrimen y la defensa del imputado.
El acuerdo establece que el acusado deberá abonar seis cuotas mensuales y consecutivas de 58.000 pesos. En caso de cumplir con la totalidad del pago, se extinguirá la acción penal y se dictará su sobreseimiento, en el marco de un mecanismo legal que busca dar respuestas rápidas en este tipo de delitos.
La investigación fue llevada adelante por el área de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal, con la intervención de la fiscal Eugenia Domínguez y el abogado Juan Uad.
El hecho se originó el 25 de mayo de 2025, cuando un vecino de Rawson fue incorporado a un grupo de la aplicación Telegram, administrado por una supuesta agente de divisas. La propuesta se promocionaba mediante un video manipulado con inteligencia artificial, en el que se utilizaban la imagen y la voz del conductor Alejandro Fantino para generar confianza.
Dentro de ese entorno, se ofrecían inversiones con promesas de altos rendimientos. La maniobra consistía en simular una operatoria financiera legítima a través de comunicaciones constantes, supuestos reportes de ganancias y solicitudes progresivas de dinero.
En ese contexto, la víctima realizó una primera transferencia de 169.000 pesos desde su cuenta del Banco del Chubut hacia una cuenta en la plataforma Ripio. Luego, se le solicitó un segundo depósito de 70.000 pesos en concepto de comisión, que también fue concretado.
Según se determinó en la investigación, los fondos fueron convertidos en criptomonedas tipo USDT y transferidos a distintas direcciones digitales para dificultar su rastreo.
El caso fue encuadrado como estafa, conforme al artículo 172 del Código Penal, imputándose al titular de la cuenta receptora como autor y/o partícipe necesario.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron la relevancia de estos acuerdos como herramientas que permiten priorizar la reparación del daño a la víctima, al tiempo que insistieron en la importancia de denunciar este tipo de delitos, que combinan nuevas tecnologías como la inteligencia artificial con modalidades tradicionales de engaño.
En ese sentido, se reiteró la necesidad de que la ciudadanía verifique la autenticidad de las propuestas de inversión y desconfíe de promesas de ganancias rápidas o aseguradas, una modalidad de fraude que ha crecido en los últimos años con la expansión del ecosistema digital.