Tras el cierre de servicios técnicos esenciales, la industria teme volver a sufrir rechazos en mercados exigentes. Argentina es el cuarto exportador mundial y la actividad sostiene a más de 22 mil apicultores.
El conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha escalado de una disputa gremial a una preocupación central para las economías regionales. En medio de denuncias por el cese de más de 900 servicios técnicos y un plan de despidos masivos, la industria de la miel surge como el principal damnificado por la desarticulación de los controles estatales.
El fin de un sistema clave
Desde 2018, un esquema conjunto entre el INTI y el SENASA permitió que la miel argentina superara recurrentes problemas de contaminación en los tambores de exportación. El INTI era el encargado de auditar los procesos y realizar los ensayos químicos necesarios para certificar que los envases cumplían con los estándares internacionales.
Sin embargo, en el marco de la actual reestructuración, el Gobierno ha dado de baja estos servicios dentro del instituto, trasladando las certificaciones al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad de carácter privado. Según fuentes del sector, este cambio no solo incrementa los costos operativos, sino que genera una profunda incertidumbre sobre la capacidad técnica para garantizar la calidad ante compradores rigurosos.