En un fallo de fuerte impacto institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución de un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal, tras detectar que el proceso judicial previo careció de perspectiva de género y no cumplió con los estándares de debida diligencia.
El máximo tribunal del país hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Procurador General del Chubut, Jorge Luis Miquelarena, ordenando que se dicte un nuevo pronunciamiento que evalúe las pruebas bajo la normativa nacional e internacional vigente en materia de violencia contra las mujeres.
El caso y el cuestionamiento a la «duda»
Los hechos investigados ocurrieron el 10 de abril de 2020. Según la acusación, el imputado habría atacado a la víctima en su domicilio, utilizando violencia física y amenazas para concretar el abuso.
En una primera instancia, un tribunal local había dictado la absolución basándose en el «beneficio de la duda». Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que esa decisión fue el resultado de una valoración fragmentada de la prueba, omitiendo el contexto de violencia y aplicando criterios que revictimizaron a la denunciante.
Fallo clave para la justicia rionegrina y nacional
La decisión de la Corte Suprema subraya que los casos de violencia sexual no pueden juzgarse mediante estereotipos o análisis parciales que obstaculicen el acceso real a la justicia.
Perspectiva de Género: El fallo remarca que es obligatorio aplicar estándares específicos que reconozcan la complejidad de estos delitos.
Situación del Imputado: Se informó que, independientemente de este proceso que ahora se reabre, el acusado se encuentra actualmente cumpliendo condena por otra causa de abuso sexual, en una sentencia dictada previamente por otro magistrado.
Relevancia institucional
La fiscal del caso, María Eugenia Vottero, destacó que esta resolución reafirma la necesidad de que el Poder Judicial investigue con un enfoque integral. La causa regresará ahora a las instancias correspondientes para que un nuevo tribunal analice el caso conforme a lo dispuesto por la Corte nacional, garantizando que el proceso se ajuste a los compromisos asumidos por el Estado en la protección de los derechos de las mujeres.