La jueza de garantías Laura Martini dispuso la prisión preventiva de seis meses para Marcelo Ciancio, quien fue imputado por el homicidio simple de Mario Barrientos, ocurrido en Rawson. El hecho, que conlleva una expectativa de pena de entre 8 y 12 años de prisión, abrió una investigación penal tras el hallazgo del cuerpo de Barrientos frente a la Terminal de Ómnibus de la ciudad.
El fiscal general de Rawson, Leonardo Cheuquemán, junto al procurador de fiscalía Jeremías Regueira, detallaron las circunstancias del crimen. El cuerpo de Mario Barrientos fue encontrado la madrugada del sábado por policías de Playa Unión, presentando una herida punzocortante en el tórax. La identificación de la víctima fue inmediata, ya que llevaba sus documentos y era conocido por los agentes.
Los fiscales, con el apoyo de la Policía de la División de Investigaciones, reunieron pruebas en pocas horas. Las cámaras de seguridad de la terminal, de una gomería cercana, domicilios particulares y del centro de monitoreo registraron los momentos previos al ataque y el posterior escape de dos personas. Los investigadores identificaron a Ciancio de inmediato como presunto autor del crimen.
Además, se incorporó el testimonio clave de un único testigo que presenció el momento de la puñalada. Otros testimonios reforzaron la acusación del fiscal, otorgando mayor credibilidad a la hipótesis del ataque.
El domingo por la madrugada, la Policía allanó el domicilio de Ciancio en el barrio Río Chubut, en calle Aonikenk al 600. Allí se secuestraron prendas de vestir, zapatillas, una gorra y un cuchillo con presuntas manchas de sangre. Ciancio no se encontraba en su casa; ya pesaba sobre él una orden de captura emitida por la jueza Laura Martini. Horas más tarde, fue avistado por agentes policiales a escasos metros de la Oficina Judicial de Rawson, frente al ingreso al Colegio Don Bosco.
Durante la audiencia, los fiscales fundamentaron la prisión preventiva en el riesgo de fuga y en la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, dado que Ciancio registra antecedentes penales, incluyendo un pedido de captura vigente por robo y desobediencia. Se teme que pueda intentar amedrentar al testigo presencial del hecho.
La defensa oficial, representada por los abogados Pablo Sánchez y Miguel Moyano, no se opuso a la medida solicitada por la fiscalía. La jueza Martini destacó la solidez de las pruebas obtenidas en las primeras horas del caso y, en su resolución, abrió la investigación por el plazo legal de seis meses, con la prisión preventiva en el mismo lapso.
Este caso, que ha generado gran repercusión en la comunidad de Rawson, pone en el centro el trabajo coordinado entre la fiscalía y la policía, y pone énfasis en la importancia de garantizar justicia rápida en casos de violencia extrema.