Un proyecto oficialista busca derogar la ley de etiquetado de alimentos para aliviar la logística de las empresas que exportan en la región. Especialistas critican que se archive una norma eficiente en lugar de coordinar políticas con el Mercosur.
Bajo la premisa de facilitar el comercio y los negocios de la industria alimenticia, la Libertad Avanza se prepara para enviar al Congreso la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal. El argumento oficial se apoya en iniciativas previas de los diputados Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero, quienes consideran que los sellos negros representan una traba burocrática y económica innecesaria para las empresas locales que buscan competir en el exterior.
La gran queja de la industria —que el Gobierno nacional adoptó como propia sin fisuras— radica en que el Mercosur no unificó los criterios de etiquetado. Producir para Argentina con octógonos, para Chile con semáforos o para Brasil con otros parámetros obliga a las plantas a diversificar sus líneas de envasado. Sin embargo, la decisión gubernamental de eliminar las advertencias de exceso de nutrientes críticos en el mercado interno, en lugar de negociar una homologación internacional hacia arriba, es vista por los especialistas en consumo como un pésimo antecedente que debilita la soberanía sanitaria del país.
El regreso de las góndolas engañosas
La Ley 27.642, aprobada en 2021, costó años de debate y fue fuertemente resistida por el establishment empresarial porque demostró ser eficiente: el consumidor modificó pautas de conducta al ver el impacto visual de los octógonos negros en la cara principal de los productos.
Al intentar derogar la norma, el Ejecutivo no solo borra las alertas de sodio o grasas saturadas, sino que además libera las restricciones publicitarias. Esto habilitará nuevamente a las corporaciones a utilizar estrategias de marketing agresivas en alimentos de baja calidad nutricional, un retroceso que pagará la ciudadanía con un aumento a mediano plazo en los índices de enfermedades crónicas y un mayor gasto en el sistema de salud pública.