En un proceso judicial marcado por la rapidez de actuación y las medidas de protección hacia la víctima, Ángel Martiniano González fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional luego de reconocer su responsabilidad en reiterados hechos de violencia de género contra su expareja.
La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado, un mecanismo judicial en el que el imputado admite los delitos y acuerda la pena junto a la Fiscalía y la defensa. La investigación estuvo encabezada por la fiscal Débora Barrionuevo, quien sostuvo desde el inicio una postura orientada a garantizar la seguridad de la mujer afectada.
Durante el proceso, el acusado permaneció detenido con prisión preventiva desde marzo hasta la realización del juicio, debido al riesgo que representaba para la víctima y al reiterado incumplimiento de las medidas judiciales impuestas previamente.
Un historial de acoso que terminó con una detención en flagrancia
La investigación permitió reconstruir una serie de episodios de hostigamiento y persecución que fueron escalando con el tiempo. González enfrentó cargos por violación de domicilio y desobediencia judicial en tres hechos distintos: uno ocurrido en febrero y otros dos registrados el 22 de marzo, uno durante la mañana y otro por la noche.
El último episodio fue determinante para su detención. El hombre fue encontrado dentro de la vivienda de la víctima durante un operativo de vigilancia reforzado que la Policía realizaba por pedido de la Fiscalía. Según se expuso en el proceso, el acusado ignoró de manera reiterada las restricciones de acercamiento ordenadas por el Juzgado de Familia.
La gravedad de la situación llevó a que la Justicia resolviera mantenerlo detenido preventivamente hasta el juicio para resguardar la integridad de la mujer.
Las reglas que deberá cumplir para evitar una prisión efectiva
Debido a que no registraba antecedentes penales computables —ya que un proceso iniciado en 2019 fue suspendido y posteriormente sobreseído en 2022— la condena quedó bajo la modalidad de ejecución condicional.
Esto implica que no continuará detenido, aunque deberá cumplir estrictas condiciones impuestas por la Justicia. Entre las principales medidas, se estableció la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier vía, incluyendo llamadas, mensajes y redes sociales.
Además, el juez le advirtió que cualquier incumplimiento provocará la revocación inmediata de la condena condicional y su envío a prisión efectiva.
El condenado fijó domicilio en la localidad de El Bolsón y deberá informar cualquier cambio de residencia. También tendrá que completar obligatoriamente el curso TAVIRE, iniciar tratamiento psicológico y abordar su problemática vinculada al consumo de alcohol.
El acompañamiento a la víctima y las secuelas del hostigamiento
Durante el proceso judicial fueron claves los informes elaborados por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Los especialistas señalaron que la mujer atravesaba un estado permanente de hipervigilancia y temor como consecuencia del acoso sufrido.
Actualmente, la víctima continúa recibiendo acompañamiento integral y asistencia profesional para fortalecer su seguridad y afrontar las secuelas emocionales derivadas de los hechos.