La Justicia de Puerto Madryn dictó prisión preventiva para Sergio “Keko” Rivero, acusado de amenazar con incendiar la casa de su ex pareja, atacar a un efectivo policial y atrincherarse armado durante varias horas en una vivienda de calle Bordenave.
La medida fue resuelta luego de la audiencia de control de detención y apertura de investigación, en el marco de una causa impulsada por la fiscal María Eugenia Vottero. El imputado permanecerá detenido mientras avanza la investigación penal preparatoria por una serie de hechos ocurridos el miércoles 27 de mayo.
Según detalló la Fiscalía, todo comenzó cuando personal policial llegó al domicilio tras el hallazgo de una bicicleta presuntamente robada. Al advertir la presencia de los efectivos y también de su ex pareja, Rivero comenzó a alterarse y lanzó amenazas contra la mujer, asegurando que incendiaría la vivienda con ella adentro.
En medio de la tensión, el acusado ingresó a la construcción que ocupaba dentro del terreno —donde residía hacía aproximadamente un mes por autorización de su ex— y salió portando un arma blanca de fabricación casera.
Un operativo que mantuvo en vilo a la zona
De acuerdo con la imputación, Rivero intentó agredir a un policía y luego se encerró dentro de la vivienda durante varias horas. Desde el interior advertía que provocaría un incendio si los efectivos ingresaban al lugar, lo que obligó a desplegar un importante operativo de seguridad.
En el procedimiento participaron negociadores, personal del GEOP, Infantería, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia, mientras vecinos de la zona seguían con preocupación el desarrollo de la situación.
Finalmente, cerca de las 16 horas, el hombre fue reducido y detenido por las fuerzas policiales sin que se registraran personas heridas.
Los delitos que le imputó la Fiscalía
La Fiscalía de Puerto Madryn le imputó a Sergio “Keko” Rivero los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, amenazas en contexto de violencia de género, atentado y resistencia a la autoridad.
La causa quedó bajo investigación judicial y la prisión preventiva fue considerada necesaria para garantizar el avance del proceso penal y evitar riesgos durante la etapa investigativa.
Los casos de violencia de género acompañados de amenazas y episodios de extrema tensión suelen requerir intervenciones coordinadas entre fuerzas especiales, personal de emergencia y operadores judiciales, especialmente cuando existen riesgos para víctimas, vecinos o efectivos policiales.