Juan Ángel Sáenz recibió una pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento. Además de ir a la cárcel, la Justicia determinó que deberá costear de su bolsillo todas las pericias y gastos que le generó al Estado el esclarecimiento del caso.
En una resolución judicial que sienta un importante precedente en la provincia, la jueza penal María Alejandra Hernández condenó a Juan Ángel Sáenz a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento por múltiples delitos cometidos en un contexto de violencia de género. El fallo incluyó una medida económica poco habitual: el agresor deberá pagar en su totalidad las costas procesales y los estudios científicos que se requirieron para demostrar su culpabilidad.
La sentencia se dictó mediante la homologación de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, el cual contó con el expreso consentimiento de la víctima. Sáenz fue hallado penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, daño, amenazas y desobediencia a la autoridad.
El costo de delinquir: el Estado recupera sus recursos
Lo que más trascendió de la resolución fue la penalización económica vinculada al proceso judicial. La fiscal de la causa, Romina Carrizo, detalló el alcance de esta medida que busca proteger las arcas públicas ante los delitos de este tipo.
“La resolución judicial ordenó el recupero de los gastos generados por la investigación, imponiendo al condenado el pago de las costas procesales y de las pericias realizadas durante el trámite de la causa”, explicó la funcionaria judicial.
Según argumentó la fiscalía, de esta manera se procura resarcir al Estado chubutense por los recursos públicos empleados para el esclarecimiento de los hechos y la obtención de la prueba técnica necesaria que terminó acorralando al imputado.
Un trabajo articulado
El esclarecimiento de la seguidilla de hechos de violencia ocurridos en Puerto Madryn fue posible gracias a la rápida intervención de la Unidad Fiscal local. Las pruebas recolectadas por los peritos resultaron tan contundentes que la defensa del agresor optó por evitar el juicio oral y público, aceptando directamente la culpabilidad y la pena de cárcel efectiva.
Con este fallo, la Justicia no solo garantiza el resguardo y la reparación de la víctima, sino que instala una política de responsabilidad financiera para los autores de delitos, obligándolos a solventar el costo de los recursos estatales utilizados para investigarlos.