Este 22 de agosto se cumplen 54 años de la Masacre de Trelew, el trágico episodio en el que 19 militantes políticos fueron acribillados en la Base Aeronaval Almirante Zar (BAAZ) bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Un suceso que marcó la historia argentina y que la Justicia terminó juzgando como un crimen de lesa humanidad.
La secuencia trágica comenzó el 15 de agosto de 1972, cuando un grupo de presos pertenecientes a las FAR, el ERP y Montoneros concretó la toma de la cárcel de Rawson para escapar. Tras fallas logísticas en los transportes, se formaron tres contingentes: «un primer grupo de seis, que se fuga, un segundo grupo de 19, que es el que queda en el aeropuerto, y un tercer grupo de 110, que no alcanza a fugarse», según rememoró el exjefe montonero Fernando Vaca Narvaja.
Los 19 militantes que quedaron en la terminal aérea acordaron rendirse tras exigir garantías públicas. Sin embargo, en lugar de ser reintegrados al penal, la dictadura decidió trasladarlos a la base militar. Vaca Narvaja explicó que «Lanusse sacó de jurisdicción al penal de Rawson y al Aeropuerto de Trelew y decretó el estado de sitio. De esta forma, la máxima autoridad ya no era el juez civil sino el jefe militar de la base».
En la madrugada del 22 de agosto los prisioneros fueron obligados a formar fuera de sus celdas y acribillados por oficiales de la Marina. Catorce murieron en el acto o por falta de atención médica, mientras que tres sobrevivieron. Para justificar el hecho, las Fuerzas Armadas argumentaron un intento de fuga en el que, según la versión militar difundida en su momento por el Contralmirante Hermes Quijada, «el control periódico de los detenidos se hacía formándolos en el pasillo» y «el jefe de turno fue atacado por Pujadas quien logra sacarle el arma». La postura de la fuerza fue resumida semanas después por el jefe de la Aviación Naval, Horacio Mayorga: «La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa».
Sin embargo, las declaraciones de los sobrevivientes desmintieron de forma categórica el relato castrense, asegurando que «las inspecciones de control no eran habituales», que «fue totalmente atípico que esa madrugada hayan sido llamados a formar fila» y «negaron rotundamente el ataque de Pujadas sobre el Capitán Sosa». En 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia ratificó estas denuncias al condenar a prisión perpetua a tres marinos por considerar los fusilamientos como «coautores responsables del homicidio con alevosía» y catalogar el hecho de forma definitiva como un «crimen de lesa humanidad».
