El reconocido abogado ambientalista cuestionó con dureza el “Súper RIGI” y advirtió que las provincias patagónicas corren el riesgo de ceder recursos naturales estratégicos a cambio de muy pocos puestos de trabajo.
El debate sobre el régimen de incentivos para grandes inversiones y su impacto en el territorio patagónico sumó una fuerte advertencia desde el sector ambientalista. El abogado Enrique Viale apuntó contra la instalación de data centers en la región y puso el foco en las consecuencias operativas a largo plazo, señalando que el consumo desmedido de agua y energía pondrá en jaque a las comunidades locales.
Durante su exposición, Viale planteó un escenario a futuro para graficar los riesgos de fijar condiciones normativas por tres décadas: «Imaginen un pueblo de la Patagonia en el año 2050 con problemas de agua y un data center cerca. La prioridad, según el RIGI, la va a tener el data center». En esa misma línea, el letrado remarcó la encrucijada legal e institucional en la que quedarían envueltos los gobiernos locales ante eventuales disputas por el uso de la tierra o la energía, dado que los municipios y provincias quedarían limitados para aplicar nuevos tributos o regular estos recursos.
Pocos empleos a cambio de un alto costo ambiental
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la desproporción entre el volumen de recursos que demandan estas instalaciones tecnológicas y los beneficios económicos directos para las poblaciones locales. Según explicó el especialista, la experiencia internacional demuestra que el impacto en el empleo es mínimo.
«En Estados Unidos se está demostrando: un data center emplea a 30 o 40 personas una vez en funcionamiento, el equivalente a un supermercado mediano. Vamos a sacrificar nuestra patria, nuestra jurisdicción, nuestra agua y nuestra energía por 20 o 30 puestos de trabajo especializados», argumentó Viale, haciendo un llamado directo a los representantes legislativos de las provincias para no condicionar la soberanía de los recursos por los próximos 30 años.
