La nueva Ley 27.801 modifica el régimen penal juvenil y establece un sistema que ordena las sanciones de menor a mayor gravedad. El objetivo formal es dejar el encierro como último recurso, aunque la propia normativa plantea interrogantes sobre cómo se aplicarán algunas de sus disposiciones.
El catálogo de sanciones incluye amonestaciones, prohibiciones de contacto y de concurrencia, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño y, finalmente, penas privativas de la libertad.
Para delitos de menor gravedad, como un robo simple sin arma, existen tres posibles salidas alternativas: prescindir de la acción penal, recurrir a una mediación penal o suspender el juicio a prueba.
En cambio, un robo con arma de fuego queda fuera de esas alternativas y puede derivar directamente en una pena privativa de la libertad. La ley contempla tres modalidades de cumplimiento: domicilio, instituto abierto e instituto especializado.
Además, la norma establece un máximo de 15 años de condena y elimina la posibilidad de prisión o reclusión perpetua para adolescentes.
Fuente: Infobae
