Chubut

Chofer y coordinadora habrían dado positivo por drogas antes de un viaje escolar

conductor colectivo

Un hecho alarmante sacudió al entorno educativo local de Puerto Madryn. Un chofer y una coordinadora escolar habrían dado resultado positivo en test de drogas antes de emprender un viaje con estudiantes. La noticia genera incertidumbre y plantea serios cuestionamientos sobre los controles y protocolos de seguridad en traslados escolares.

El episodio trascendió luego de que los organizadores del viaje solicitaran los análisis previos al inicio del traslado. Al recibir los resultados —que indicarían consumo de sustancias prohibidas—, se decidió frenar la partida para preservar la integridad de los alumnos. Aunque los detalles oficiales no han sido transparentados, el caso ya abrió una causa administrativa y podría derivar en sanciones internas y judiciales.

Este tipo de incidentes despiertan la preocupación de padres, autoridades educativas y organismos de control. Que un chofer y una coordinadora —quienes representan la cara visible del viaje— presenten resultados positivos obliga a revisar estrictamente los protocolos: desde la selección del personal hasta los mecanismos de testeo aleatorio previos a cada salida. Además, la normativa vigente en muchas provincias establece que los conductores de transporte escolar deben someterse a controles toxicológicos periódicos obligatorios.

Organismos de seguridad vial y de tránsito —cuando intervienen en casos similares— suelen enfatizar la responsabilidad compartida: las empresas de transporte escolar tienen el deber legal de garantizar que sus conductores estén aptos, y los colegios u organizaciones que coordinan los viajes deben exigir garantía de idoneidad. En la práctica, muchos viajes se suspenden o reprograman ante sospechas de riesgo.

Hasta ahora, no se confirmó si el test positivo fue nulo (por error técnico), si hay apelaciones o recursos de descargo, ni la identidad de las personas involucradas para preservar su derecho al debido proceso. La investigación deberá determinar si hubo negligencia, mala praxis o vulneración de normas provinciales o nacionales sobre transporte escolar.

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