El diputado nacional de La Libertad Avanza, César Treffinger, decidió romper definitivamente los puentes con el gobierno de Ignacio “Nacho” Torres y ponerle nombre y apellido a lo que define como “corrupción en la provincia de Chubut”. En una serie de posteos en la red X, el legislador libertario vinculó de forma directa el proyecto de nuevos permisos de pesca con el intento de encubrir un escándalo mayor: el caso Red Chamber–Profand y el presunto pedido de sobornos por 6,5 millones de dólares denunciado en la justicia de Estados Unidos.
“Esta semana sabremos quiénes son parte de la corrupción”, escribió Treffinger, en un mensaje que no deja margen para la ambigüedad. Según él, el tratamiento del proyecto pesquero en la Legislatura será un parteaguas político que dejará expuestos a los diputados que acompañen la iniciativa del oficialismo.
En uno de sus posteos más duros, el diputado encabezó el tema con un “2do aviso: ‘Red Chamber – Profand – Gobierno de Chubut – Legisladores provinciales’” y describió el “Proyecto de otorgamiento irregular de permisos de pesca… para encubrir presunta corrupción en el gobierno de Chubut denunciada por al menos la posible comisión de 5 delitos (entre ellos un supuesto pedido de sobornos por 6.5 millones de dólares)”. Allí también marcó que, por algún motivo, “pocos de la política y los medios hablan del tema” y remató: “NO es ni será mi caso jamás… Cuando nadie roba, la plata alcanza, y la corrupción se termina cuando alguien NO se prende”.
El corazón de la denuncia política de Treffinger es claro: si la Legislatura avanza con nuevos permisos de pesca sin que antes se haya investigado a fondo lo que Red Chamber relató ante una corte federal de California, el mensaje hacia la sociedad será que el sistema político chubutense está dispuesto a mirar para otro lado frente a una acusación gravísima de coima vinculada al negocio del langostino.
El trasfondo del conflicto es conocido: la empresa Red Chamber llevó a la justicia de Estados Unidos un litigio contra la española Profand y, en esa demanda civil, describió una reunión en el hotel Alvear Art de Buenos Aires en la que un alto funcionario del gobierno de Chubut habría reclamado 6,5 millones de dólares en “B-money” para permitirle seguir operando y acceder a activos centrales del negocio pesquero. El gobierno de Torres rechazó esa versión, habló de un conflicto “entre privados” y se refugió en el hecho de que, por ahora, no hay ninguna causa penal abierta contra sus funcionarios en la Argentina. Pero lo cierto es que el relato quedó asentado en un documento judicial extranjero y desde entonces sobrevuela la sospecha de que el reparto de poder y de barcos en la provincia no es solo un tema técnico.
Es en ese contexto que llega el proyecto de nuevos permisos de pesca que hoy está en manos de la Legislatura. La iniciativa apunta a habilitar permisos transitorios para determinados buques fresqueros y reordenar parte del mapa pesquero, algo que el oficialismo intenta presentar como una medida para “normalizar” la actividad y dar previsibilidad a las empresas. Treffinger, en cambio, lo lee como un movimiento para blanquear, por la vía administrativa, un esquema de negocios que ya fue cuestionado en un tribunal norteamericano.
En su mensaje a los legisladores, el diputado libertario fue contundente: pidió una “lectura atenta” antes de votar y dejó escrito que lo hace “para que después nadie pueda alegar torpeza propia en sus actos”. Según su mirada, acompañar el proyecto sin exigir antes que se investigue el supuesto pedido de sobornos equivale a ponerse del lado equivocado de la historia. “Dios bendiga a Chubut para que ustedes —ojalá todos— demuestren no ser parte de la corrupción existente en la provincia”, escribió, dejando en claro que, para él, la disyuntiva es corrupción o transparencia, sin grises.
Treffinger tampoco ahorró munición contra los medios de comunicación. En el mismo hilo extendió su mensaje “a todos los medios de Chubut, que tienen la posibilidad de hacer lo correcto una vez más… aunque no acostumbren hacerlo”, en una crítica directa al silenciamiento o la cobertura tibia que, según él, se le ha dado al caso Red Chamber–Profand y al debate por los permisos de pesca. El legislador acusa a buena parte de la prensa de ser funcional al poder de turno y de no querer incomodar a Torres ni a quienes se benefician del esquema actual.
Del otro lado, el gobierno provincial se aferra a la idea de que el conflicto con Red Chamber ya fue superado a través de un acuerdo que incluye una inversión anunciada de 70 millones de dólares y la instalación de una nueva planta en el parque industrial de Trelew. Para la administración Torres, ese entendimiento demuestra que se trató de un diferendo comercial y que la provincia logró un resultado beneficioso para la economía local. Lo que evita responder es por qué, si todo fue un simple conflicto privado, una empresa estadounidense eligió contar en la justicia de otro país que le habrían pedido 6,5 millones de dólares para seguir operando en Chubut.
Con el correr de las horas, el foco se corre de los tecnicismos del proyecto de ley y se posa sobre la dimensión política del tema. Lo que plantea Treffinger es que la votación que se viene funcionará como una suerte de detector de corrupción: en su relato, quienes acompañen la iniciativa se alinean con el encubrimiento y quienes se planten estarían del lado de la transparencia y del reclamo de una investigación penal seria.
Más allá de las simpatías o antipatías hacia el diputado libertario, hay un punto que sus intervenciones ponen nuevamente sobre la mesa: en Chubut se discute la entrega de permisos millonarios en un sector estratégico mientras sigue sin despejarse una acusación de coima por 6,5 millones de dólares vinculada al mismo negocio. Y los que van a levantar la mano esta semana no podrán decir que nadie les advirtió.
En ese escenario, el choque entre Treffinger y Torres deja de ser un cruce más en redes sociales para transformarse en un capítulo más de la disputa por el sentido de la palabra “cambio” en la provincia. El libertario ya avisó que va a señalar con nombre y apellido a quienes, según él, elijan ser “parte de la corrupción existente”. El oficialismo, por su parte, apuesta a que la foto de las inversiones y los anuncios pesen más que las denuncias. La definición, al menos por ahora, no se dará en un tribunal, sino en las sillas de la Legislatura, donde los “lacayos” o los representantes de la ciudadanía —según desde dónde se los mire— deberán mostrar de qué lado se acomodan.