La jueza de garantías Karina Breckle ordenó prorrogar por un mes más la prisión preventiva —bajo modalidad de arresto domiciliario— de un hombre imputado por múltiples hechos de desobediencia, daños y violencia de género en Rawson. La magistrada actuó en reemplazo de la jueza Eve Ponce, actualmente de licencia, y fundamentó la decisión en la persistencia del riesgo y en una conflictiva familiar que se arrastra desde 2017.
Durante la audiencia, la funcionaria de fiscalía Analía Acuña expuso el contexto de gravedad del caso, marcado por episodios de violencia de género de distinta intensidad, consumo problemático de sustancias y reiteradas violaciones a las medidas judiciales de protección. Según detalló, además de las agresiones directas, existen menores de edad afectados como víctimas secundarias de la dinámica familiar.
Acuña también recordó un episodio particularmente alarmante: mientras se encontraba esposado en la Oficina Judicial, el imputado intentó agredir a tres policías que lo custodiaban, dañando incluso un equipo de comunicación oficial. Este comportamiento, sumado al incumplimiento de prohibiciones de acercamiento, violación de domicilio y la destrucción de una tobillera electrónica colocada como medida de control, reforzó para la Fiscalía la necesidad de sostener medidas de coerción estrictas.
Frente a este cuadro, la Fiscalía solicitó la continuidad del arresto domiciliario con tobillera electrónica y rondines policiales sorpresivos por un plazo de treinta días adicionales, hasta que avancen los procesos penales en curso. Aunque los delitos imputados tienen penas de baja escala, la acusación remarcó la reiteración y el riesgo persistente. El defensor, Damián D’Antonio, no se opuso al pedido y acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal.
La resolución se inscribe en un contexto provincial donde crece la atención pública sobre la violencia de género y el rol de la Justicia en la prevención de nuevos episodios. Organizaciones locales recuerdan que el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares es clave para proteger a las víctimas y reducir riesgos en casos con antecedentes prolongados.