La crisis en torno al arrendamiento de la ex Alpesca vuelve a encender las alarmas en el sector pesquero del Chubut. La CGT Regional Valle Inferior del Río Chubut manifestó públicamente su preocupación por la creciente inseguridad jurídica que rodea el proceso, un proyecto que originalmente había sido impulsado para preservar la actividad y proteger los puestos de trabajo de cientos de familias vinculadas a la industria.
La central obrera advierte que en los últimos días se generó un clima de incertidumbre debido a la falta de información oficial clara, la difusión mediática de documentos sin respaldo formal y la ausencia de definiciones precisas por parte del Gobierno Provincial. Según plantean, esta situación no solo afecta la previsibilidad del proceso administrativo, sino que “erosiona la confianza de toda la comunidad laboral”, en un contexto donde la actividad pesquera atraviesa uno de sus ciclos más delicados en materia productiva.
La recuperación de la planta y de sus activos había sido concebida con un objetivo central: proteger el empleo genuino y garantizar la continuidad productiva mediante un contrato de arrendamiento transitorio, que permitiera sostener la actividad mientras se avanzaba hacia una solución definitiva para el predio y su operación. Lejos de tratarse de un negocio privado, el esquema fue presentado como una herramienta para mantener el movimiento económico de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia y evitar un nuevo impacto social en la región.
Sin embargo, la organización sindical advierte que las recientes contradicciones públicas, los rumores sobre cambios administrativos y la circulación de versiones no confirmadas generan el escenario contrario: confusión, tensiones entre las partes involucradas y preocupación en los trabajadores, muchos de los cuales ya han vivido crisis anteriores vinculadas a la caída de Alpesca y a la paralización de la actividad pesquera en años previos.
En este marco, la CGT exige al Gobierno Provincial que garantice seguridad jurídica, especialmente en todos los actos vinculados al arrendamiento y a la explotación de los bienes productivos. Señalan que:
Las decisiones unilaterales, los cambios repentinos y las resoluciones sin sustento documental público dañan la credibilidad institucional y exponen a la provincia a futuros reclamos.
Ante dicho planteamiento, desde la CGT sostienen que se estaría frente a un escenario que pondría en riesgo no solo la gobernabilidad del proceso, sino también la estabilidad económica de las plantas.
Punto clave del reclamo: transparencia absoluta
En el comunicado de la CGT se reclama que se haga pública toda la documentación respaldatoria, contratos, presentaciones formales y decisiones administrativas que derivaron en el actual conflicto. Afirman que solo con información abierta y verificable se podrá “desactivar la incertidumbre” que hoy atraviesa al sector.
Otro de los reclamos apunta a que el Gobierno esclarezca oficialmente el alcance de las presentaciones de las empresas interesadas, la validez de los actos ya realizados y los criterios utilizados para avanzar en posibles rescisiones o nuevos contratos.
«El conflicto originado no debe desviar el foco central: la defensa de cada puesto de trabajo, que fue el motivo inicial del proyecto de expropiación y del esquema de arrendamiento aprobado oportunamente»
Mientras tanto, la CGT insiste en que la resolución debe ser urgente, clara y basada en hechos verificables, garantizando que ninguna decisión vuelva a poner en riesgo el empleo ni exponga a los trabajadores a nuevas crisis institucionales. “La reconstrucción de la confianza solo será posible con transparencia, legalidad y protección del trabajo”, alerta la conducción regional.
La tensión crece y el conflicto suma un capítulo más a una historia que para el sector pesquero aún no cierra. Entre documentos que no aparecen, definiciones que no llegan y una industria que necesita previsibilidad, el reclamo sindical vuelve a poner el foco donde, según afirman, siempre debió estar: en las familias que dependen de la actividad.