En una audiencia realizada recientemente en Chubut, el Ministerio Público Fiscal —representado por la fiscal general Silvia Pereira— informó el acuerdo alcanzado entre las partes para avanzar con un juicio abreviado en una causa de abuso sexual agravado, uno de los delitos más sensibles y complejos dentro del sistema penal. Esta herramienta, prevista en el artículo 355 del Código Procesal Penal, permite agilizar el proceso judicial cuando el imputado reconoce los hechos, garantizando a la vez una resolución más rápida para las víctimas, especialmente en casos donde la revictimización es un riesgo latente.
Durante la audiencia, Pereira detalló que los hechos quedaron acreditados en un extenso período que se extiende desde poco después del 27 de enero de 2019 —cuando la víctima tenía apenas siete años— hasta momentos posteriores a septiembre de 2024. Según la investigación, el acusado, padre biológico de la niña, actuó con pleno conocimiento del daño causado, aprovechándose de su rol, de la edad de la menor y de su estado de vulnerabilidad. Los ataques ocurrieron en múltiples oportunidades, en una modalidad de delito continuado, lo que agrava la responsabilidad del agresor.
La conducta fue calificada como abuso sexual simple agravado por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal también agravado por el vínculo, en calidad de autor. La imputación se enmarca, además, en los lineamientos de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, un marco legal clave para comprender la gravedad de estos episodios y las obligaciones del Estado para garantizar protección y acceso a la justicia.
Como parte del acuerdo, la fiscal comunicó que la pena pactada es de nueve años de prisión de efectivo cumplimiento, lo que fue aceptado por el acusado, quien también admitió los hechos tal como fueron descriptos. En la audiencia participaron la Asesoría de Familia —mediante la presencia de Pablo Rey— y familiares de la víctima, quienes siguieron la instancia de manera virtual acompañados por el equipo del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD). La presencia institucional es fundamental para garantizar acompañamiento psicológico y jurídico a quienes atraviesan este tipo de situaciones.
El juez Marcos Nápoli adelantó que homologará el acuerdo, aunque la resolución formal será comunicada dentro del plazo legal de cinco días hábiles. En casos de violencia sexual intrafamiliar, la homologación del juicio abreviado suele contemplar no solo la pena, sino también la reparación simbólica, el resguardo de la víctima y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente los referidos a niñas, niños y adolescentes.
Este caso vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar las políticas públicas de prevención del abuso sexual infantil, un delito que estudios recientes identifican como ampliamente subregistrado. Organizaciones especializadas recomiendan fortalecer los canales de denuncia, capacitar a docentes y equipos de salud, y asegurar un acompañamiento profesional sostenido para las víctimas y sus familias.