En los últimos dos meses, el área de Ejecución Penal de la Fiscalía de Puerto Madryn logró que se revocaran 11 libertades condicionales tras detectar diversos incumplimientos a las obligaciones impuestas por la Justicia. Todas las personas beneficiadas debieron regresar a prisión para continuar cumpliendo sus condenas de manera efectiva, un dato que refleja el fortalecimiento del control judicial sobre quienes acceden a beneficios penitenciarios.
Según explicó Mauricio Baigorria, funcionario a cargo del área, el Ministerio Público Fiscal trabaja diariamente para garantizar que las penas dictadas por los tribunales se cumplan de acuerdo con la ley. Este seguimiento permanente es esencial para asegurar que los beneficios como la libertad condicional se apliquen “de forma responsable y efectiva”, y que su uso no derive en nuevos riesgos para la comunidad.
La ejecución penal es la etapa que comienza una vez que la persona ya fue condenada. Desde ese momento, la Fiscalía supervisa la totalidad de la pena y controla estrictamente el cumplimiento de las pautas cuando el condenado accede a salidas transitorias o a libertad condicional. Entre esas obligaciones se encuentran fijar domicilio, realizar presentaciones periódicas y asistir a tratamientos o programas específicos. La detección de un incumplimiento —o la comisión de un nuevo hecho delictivo— habilita la intervención de la Fiscalía para solicitar la revocación del beneficio.
“En este marco de control, en los últimos dos meses se logró la revocación de 11 libertades condicionales. En todos los casos demostramos incumplimientos o nuevas conductas que motivaron que el Juez de Ejecución ordenara el regreso a prisión”, sostuvo Baigorria.
La libertad condicional, regulada por la Ley 24.660, es un beneficio al que puede acceder una persona condenada cuando cumple tres cuartas partes de la pena y evidencia buena conducta. Sin embargo, su continuidad depende del respeto estricto a todas las pautas impuestas: cualquier quebrantamiento puede derivar en su revocación inmediata. Esta intervención temprana permite resguardar la autoridad de las decisiones judiciales y asegurar el cumplimiento real de las sanciones penales, un punto cada vez más relevante en el debate social sobre seguridad y reinserción.