Cinco personas imputadas por el corte de la Ruta Nacional 3, ocurrido en el acceso norte a Trelew en mayo de 2021, fueron sobreseídas tras realizar una donación económica a hospitales del Valle Inferior del Río Chubut. La medida les permitió eludir el juicio oral y público por la interrupción del tránsito que se extendió durante casi tres días.
El piquete se desarrolló desde el mediodía del 6 de mayo hasta la madrugada del 9 de mayo de 2021 y formó parte de una movilización antiminera que reunió a unas 70 personas. El reclamo apuntaba a que la Legislatura de Chubut tratara la Iniciativa Popular contra la minería. Durante ese período se impidió la circulación de vehículos y personas por la Ruta 3.
Cada uno de los imputados donó 300 mil pesos como reparación. El actual diputado provincial del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, aportó el dinero a la Asociación Civil Amigos del Hospital Zonal de Puerto Madryn. Matías Crespo y Andrea Leonett donaron a la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal de Trelew, mientras que Noelia Silva y Diego Oria hicieron su aporte a la Asociación Cooperadora del Hospital Santa Teresita de Rawson.
La resolución fue firmada por la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, quien además ordenó la destrucción de los elementos utilizados durante el corte, entre ellos una estatua de madera, yeso y cartón, banderas, pallets, tambores, troncos y cubiertas.
El grupo había sido imputado por la Fiscalía Federal de Rawson por “impedimento y/o estorbo y/o entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra y/o de los servicios públicos”. Según sostuvo el fiscal federal Fernando Gélvez, el corte puso en riesgo la seguridad pública al impedir la libre circulación durante varios días.
De acuerdo con la crónica judicial, durante el piquete se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y camioneros a quienes se les impedía el paso, situación que se descomprimió cuando se permitió la circulación de una mayor cantidad de vehículos. En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios para sofocar focos ígneos, y se constató la presencia de baños químicos, lo que evidenció el nivel de organización del corte.
A las 3.41 del 9 de mayo de 2021, el comisario general Paulino Gómez intimó al grupo a desalojar la ruta. En su declaración, señaló que los imputados se presentaron como representantes, interlocutores y responsables del corte, y fueron observados negociando como voceros del grupo. La mayoría cubría su rostro con barbijos y pasamontañas.
En el caso de Vasconcelos, fue identificado como vocero informante del corte de ruta, rol que quedó registrado en material extraído de Facebook, donde relataba las vicisitudes del piquete como integrante del grupo.
Pese a que la causa había sido elevada a juicio, en 2023 el propio fiscal propuso una salida alternativa al proceso, dado que el delito imputado contempla una pena máxima de dos años de prisión. La propuesta inicial de probation derivó finalmente en la donación como forma de reparación.
En su elevación a juicio, el fiscal Gélvez remarcó que la conducta imputada “no constituye de ninguna manera el legítimo ejercicio de un derecho” y sostuvo que, aunque algunos reclamos puedan estar guiados por propósitos sociales o humanitarios, impedir el libre tránsito no es un medio legítimo para expresarlos. También afirmó que los manifestantes no tenían un derecho superior al de las personas que no pudieron circular durante tres días.
Fuente: Diario Jornada