El juez federal Martín Cormick declaró inválido el protocolo antipiquetes que había sido implementado hace dos años por el Ministerio de Seguridad, al considerar que afecta derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
La resolución respondió a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En el fallo, el magistrado remarcó que la administración pública no puede habilitar mecanismos represivos sin control judicial previo.
Además, cuestionó que el protocolo permitiera actuar ante cortes de calle bajo la figura de delito en flagrancia y habilitara tareas de inteligencia, filmaciones y recopilación de datos sobre manifestantes, prácticas prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional.
El fallo devuelve al Poder Judicial la potestad de autorizar o no la intervención de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.
Fuente: NA