El sorpresivo cierre del acceso a la pingüinera de Caleta Valdés y a la boca de la caleta encendió las alarmas en el sector turístico de Península Valdés, en pleno período de mayor movimiento de visitantes. La medida comenzó a sentirse con fuerza tras un fin de semana intenso y terminó de confirmarse en una jornada marcada por excursiones ya programadas y un flujo constante de turistas.
Para operadores, guías y prestadores, el problema va mucho más allá de un camino cerrado. La decisión genera un impacto directo en la organización diaria del turismo: recorridos que deben modificarse a último momento, horarios que se ajustan sobre la marcha y visitantes que se quedan sin poder acceder a uno de los puntos más emblemáticos del área.
En diálogo con #LA17, la representante de la Cámara Argentina de Turismo, Leticia Benítez, explicó que el cierre llegó en un contexto donde aún se esperaba retomar instancias de diálogo. “El acceso a la pingüinera y a la boca de la caleta se cerró ayer, cuando el sector tenía expectativas de seguir conversando después de las fiestas”, señaló.
Temporada alta y presión sobre los servicios turísticos
El conflicto se da en un momento especialmente sensible para la actividad. En los últimos días arribaron a la región más de 2.000 cruceristas, además de tripulantes que aprovechan su estadía para recorrer los atractivos naturales de Chubut. Península Valdés suele ser una de las excursiones más elegidas, por lo que el cierre obliga a reorganizar circuitos y prestaciones.
Según advirtió Benítez, existe el riesgo de que muchos visitantes no puedan conocer un sitio que forma parte central de la experiencia turística, lo que genera malestar y afecta la imagen del destino.
Un problema de fondo sin resolver
Desde el sector aclaran que la situación no se limita exclusivamente a los accesos clausurados. “El conflicto no pasa solamente por estos dos miradores”, afirmó Benítez, al hacer referencia a problemas estructurales vinculados a construcciones y decisiones del pasado que no tuvieron una resolución definitiva.
En ese marco, sostuvo que hay procedimientos administrativos que deben cumplirse para que el Estado pueda intervenir, y que la falta de esos pasos limita cualquier acción oficial.
Ingresos irregulares y dificultades de control
Otro punto que preocupa es el efecto que genera el cierre en términos de control del área protegida. “Cuando se colocó el alambrado ya vimos personas ingresando de manera irregular”, indicó Benítez, y advirtió que este tipo de situaciones tienden a incrementarse cuando se bloquean accesos formales.
Para el turismo organizado, esto implica quedar en desventaja frente a prácticas no habilitadas. “Nuestros guías y choferes cuidan estos lugares y dan aviso cuando detectan campamentos o presencia indebida”, remarcó, aunque reconoció que el control total es imposible sin mayores recursos. “No se puede tener guardafaunas en cada punto, el presupuesto del Estado no alcanza”, agregó.
Pedido de diálogo para destrabar el conflicto
Sobre el cierre puntual, Benítez reconoció el desgaste que genera la situación. “Entiendo el enojo de la propietaria”, dijo, aunque aclaró que existen mecanismos formales que aún no se activaron. “Si no se presenta una nota al Estado solicitando excepciones, el Estado no puede actuar por sí solo”, explicó.
Desde el sector turístico insistieron en la necesidad de una salida consensuada. “Pedimos que se abra una instancia de diálogo, que se presenten las notas correspondientes y que se puedan reabrir los caminos”, sostuvo Benítez, y advirtió que la continuidad de la temporada hasta mayo dependerá de una solución concreta.
Finalmente, dejó una reflexión que resume el clima actual: “Antes muchas cosas se resolvían de palabra porque la palabra valía. Hoy eso ya no sucede”, afirmó, mientras el sector privado continúa con gestiones y reuniones para intentar destrabar un conflicto que golpea de lleno a la temporada en Península Valdés.