La causa por el violento robo a la farmacia Gutiérrez en Trelew será juzgada por un tribunal popular. El tribunal técnico colegiado declaró su incompetencia y ordenó que el proceso continúe bajo el procedimiento de juicio por jurados, tal como lo establece la Ley XV N° 30 para delitos cuya pena máxima supera los 14 años de prisión.
El planteo fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal general Julieta Gamarra, quien solicitó formalmente que se habilitara el juicio por jurados en la causa caratulada “Gutiérrez Antonio s/denuncia robo agravado por uso de arma de fuego”. Según argumentó, la calificación jurídica del hecho encuadra dentro de los supuestos donde la intervención de un jurado popular es obligatoria e irrenunciable.
En un primer momento, el expediente había quedado radicado ante un tribunal técnico colegiado integrado por las doctoras Mirta Moreno e Ivana González y el doctor Gustavo Castro, debido a que existían imputados menores de edad que no podían ser sometidos a juicio por jurados. En septiembre de 2025 se realizó la audiencia preliminar respecto de dos menores y la causa fue elevada a juicio por la doctora Carolina Marín, designando un tribunal colegiado.
Posteriormente, el 15 de octubre de 2025, al celebrarse la audiencia preliminar de los imputados mayores, el juez Javier Allende resolvió que todos —mayores y menores— fueran juzgados por un tribunal técnico colegiado, invocando razones de economía procesal y el riesgo de realizar dos debates con doble declaración de testigos.
Sin embargo, el escenario cambió el 16 de enero de 2026, cuando los dos imputados menores celebraron acuerdos de juicio abreviado, homologados por la jueza penal María Tolomei. Con su exclusión definitiva del debate oral, la totalidad de los acusados que permanecen sometidos a juicio son mayores de edad: Mauro Alejandro Cornejo, Martín Darío Hernández, Alexander Adam Segura y Gisella Magali Saavedra.
Frente a esta nueva situación, la Fiscalía sostuvo que ya no existía conflicto entre regímenes procesales ni razones de economía procesal que justificaran la excepción. En consecuencia, solicitó que el tribunal técnico se declarara incompetente y remitiera las actuaciones para la sustanciación del juicio por jurados conforme al régimen legal vigente.
Con las firmas de las juezas Anahí Eve Ponce y Mirta Moreno y del juez Gustavo Castro, el tribunal resolvió por unanimidad el 18 de febrero de 2026 hacer lugar al planteo fiscal. En su resolución señalaron que están en juego normas de orden público y que el artículo 2 de la Ley XV N° 30 establece que la integración del tribunal con jurados es obligatoria e irrenunciable para delitos cuya pena máxima en abstracto sea de 14 años o más.
En este caso, los hechos investigados ocurrieron entre febrero y marzo de 2024 y, según la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público Fiscal, se trata de delitos que prevén penas superiores a los 14 años. Por ello, el tribunal ordenó dar intervención a la Oficina Judicial de Trelew para que designe juez técnico, resuelva cuestiones pendientes e implemente el procedimiento de juicio por jurados.
De acuerdo con la acusación fiscal, el 4 de febrero de 2024, cerca de las 14, seis hombres ingresaron armados y con una maza de grandes dimensiones a la farmacia Gutiérrez, donde maniataron a dos empleadas. Afuera, al menos una persona aguardaba en un vehículo para asegurar la huida. Tras el asalto, sustrajeron 26 mil dólares, 4 millones de pesos y sobres con dinero correspondiente a la recaudación diaria.
Además, la acusación vincula a los imputados con otros hechos delictivos, entre ellos robos de vehículos y el asalto ocurrido el 16 de abril del mismo año en la metalúrgica León, también en Trelew.
Darío Martín Hernández está acusado por robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda mediante uso de arma de fuego apta para disparo, en calidad de coautor. Mauro Alejandro Cornejo enfrenta cargos por robo doblemente agravado en farmacia Gutiérrez, tentativa de robo agravado por escalamiento, encubrimiento en dos hechos y participación en el robo a la metalúrgica León. Alexander Adam Segura está acusado por robo doblemente agravado en calidad de coautor y por tentativa de robo agravado en concurso real. Por su parte, Gisella Magali Saavedra está imputada por encubrimiento agravado en dos hechos y por participación necesaria en el robo a la metalúrgica León.
En la audiencia preliminar también se resolvió mantener la prisión preventiva de Mauro Alejandro Cornejo y Alexander Segura, medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal en función de los antecedentes, la gravedad de los hechos y la expectativa de pena, al considerarse vigente el peligro de fuga.
De este modo, la causa por el robo agravado a la farmacia Gutiérrez avanza ahora hacia un juicio por jurados en Trelew, donde será un tribunal popular el encargado de analizar la prueba y definir la responsabilidad penal de los acusados.