El caso por la muerte de Elías, el bebé de un año y cuatro meses que falleció en un choque, vuelve a generar tensión judicial. La querella solicitó una audiencia urgente para que se evalúe la revocación de la prisión domiciliaria de Leandro Ríos, al considerar que habría incumplido las condiciones impuestas por la Justicia.
El planteo fue presentado por el abogado Facundo Bonavita, representante de la madre del niño, quien pidió que se trate de inmediato la continuidad del beneficio. La audiencia fue fijada para las 8 de la mañana, luego de que la querella presentara un escrito con carácter urgente.
Según explicó el letrado en declaraciones públicas, el objetivo es discutir la revocación de la prisión domiciliaria que cumple Ríos en el marco de una prisión preventiva de seis meses. Esa medida fue dispuesta por la jueza penal Patricia Reyes en la audiencia de control de detención realizada al día siguiente del accidente.
Las condiciones del arresto domiciliario
De acuerdo con lo señalado por la querella, la magistrada estableció condiciones específicas al otorgar el arresto domiciliario. Entre ellas, la prohibición de recibir visitas o realizar reuniones familiares en el domicilio, así como la restricción absoluta de consumir alcohol o drogas.
Bonavita sostuvo que la jueza dejó en claro que ante el “mínimo incumplimiento” ordenaría la revocación inmediata de la medida y el traslado a un centro de detención.
El pedido actual se apoya en capturas de imágenes publicadas en Instagram que, según el abogado, muestran a Ríos participando de reuniones en el domicilio donde cumple la medida y consumiendo alcohol. Esas fotografías habrían circulado entre allegados de la familia en Puerto Madryn.
Para la querella, ese material configuraría una falta grave frente a las restricciones expresas impuestas por el tribunal.
El trasfondo del caso y el reclamo de pena máxima
En su exposición, Bonavita recordó que el fallecimiento del niño ocurrió como consecuencia de la conducta negligente atribuida a Ríos, a quien señaló por haber conducido bajo los efectos del alcohol. Indicó que registraba 1,99 de alcohol en sangre y que existen cámaras en las que se lo ve circulando en zigzag.
También mencionó como agravantes que el bebé no llevaba cinturón de seguridad ni la sillita reglamentaria correspondiente a su edad.
La querella anticipó que cuando el caso llegue a juicio buscará que se aplique la pena máxima prevista por la escala penal, que va de tres a seis años. Según sostuvo el abogado, el objetivo es evitar un resultado que consideren desproporcionado frente a la gravedad del hecho.
Además, planteó la necesidad de revisar la legislación vigente en materia de delitos viales con alcohol y víctimas fatales. En ese sentido, afirmó que los jueces aplican la ley disponible y que el debate sobre el endurecimiento de penas debería darse a nivel legislativo.
La audiencia, punto clave
Con la audiencia ya convocada, el eje de la discusión será concreto: determinar si existió un incumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario y si corresponde su revocación.
El caso, atravesado por la muerte de un bebé y el dato del nivel de alcohol en sangre, vuelve a poner en el centro del debate la eficacia de las medidas judiciales y el control de las prisiones domiciliarias en hechos viales graves.