Una audiencia preliminar por la presunta falsificación de un certificado médico se realizó este lunes en la Justicia, donde la jueza de garantías Karina Breckle instó a las partes a intentar un acuerdo judicial que permita resolver el caso sin llegar a un juicio oral y público.
La causa involucra a la agente policial Ch. B., quien está imputada por el delito de uso de certificado falso en calidad de autora, con una pretensión punitiva provisoria de dos años de prisión más las costas del proceso.
Aunque la magistrada reconoció que el expediente reúne los requisitos legales para avanzar hacia un debate oral, lamentó que hasta el momento la Fiscalía y la Defensa no hayan logrado una salida alternativa que permita resolver el conflicto de manera menos costosa y con menor impacto para la imputada.
“Las partes debieron haberse esforzado más para llegar a un acuerdo por una vía más pacífica”, señaló Breckle durante la audiencia.
Cómo comenzó la causa por el certificado médico
El caso se originó el 6 de mayo, cuando en la oficina de Sanidad Policial se presentó un certificado médico con el nombre y número de documento de la suboficial.
El documento contenía un diagnóstico ilegible y fue entregado por un taxista que, posteriormente, no pudo ser identificado.
Tras recibir el certificado, el médico de contralor de la Policía decidió verificar su autenticidad. Al consultar al profesional que figuraba como firmante del documento, este aseguró que no había confeccionado ni firmado el certificado.
A partir de esa confirmación se realizó la denuncia que dio inicio a la investigación judicial que actualmente se encuentra en etapa preliminar.
Qué se discutió en la audiencia preliminar
Durante la audiencia realizada este lunes, las partes analizaron el estado del proceso y la posibilidad de avanzar hacia una solución alternativa al juicio oral, una herramienta contemplada por el sistema penal para resolver determinados casos sin necesidad de llegar a un debate judicial completo.
Si bien la jueza confirmó que existen condiciones para que el expediente continúe hacia juicio, planteó la conveniencia de explorar otras opciones que permitan cerrar el conflicto mediante un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa.
Quiénes participan en la causa
La imputada fue representada por el abogado Claudio Fernández, mientras que la acusación estuvo a cargo de la Fiscalía de Rawson, representada por la fiscal general Laura Castagno, junto a la funcionaria de fiscalía Agostina Torne y la profesional Silvina Barone.
Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal dejaron asentada su voluntad de redoblar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con la Defensa, con el objetivo de evitar que el caso llegue a un juicio oral.
Qué puede pasar con la causa
En esta etapa del proceso penal se define si el caso continúa hacia juicio o si se logra una salida alternativa acordada por las partes. Estas herramientas buscan resolver conflictos judiciales de forma más rápida y con menor costo para el sistema judicial.
Mientras tanto, la causa por el presunto uso de certificado médico falso sigue en análisis, a la espera de que Fiscalía y Defensa evalúen posibles acuerdos que permitan cerrar el proceso sin necesidad de un debate oral.