La fiscal y actual jefa de la Agencia Anticorrupción del Chubut, Julieta Gamarra, solicitó formalmente ser investigada luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que aparece el defensor Martín Castro recibiendo dinero de la madre de un imputado en una causa penal. En las imágenes, además, se menciona su nombre, lo que generó cuestionamientos públicos sobre el posible vínculo entre ese pago y un acuerdo judicial.
Gamarra se presentó ante la Fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia y pedir que se esclarezca lo ocurrido. Según explicó, su presentación se realizó en el marco del artículo 68 de la Constitución Provincial, que establece el mecanismo de vindicación, una herramienta mediante la cual un funcionario denunciado puede solicitar que se investiguen los hechos para limpiar su nombre.
“Me presenté ante el fiscal jefe de Trelew, el doctor Omar Rodríguez, para quedar a disposición de la Justicia y pedir que se investigue lo que ocurrió con este video que se viralizó”, señaló la funcionaria.
De acuerdo con lo que se observa en el material difundido en redes, el abogado defensor Martín Castro recibe una suma de dinero de la madre de Pablo Ezequiel Ferreira, imputado en una causa investigada por Gamarra. En ese contexto, se sugiere que el dinero estaría vinculado con la realización de un juicio abreviado.
Sin embargo, la fiscal negó de manera categórica cualquier relación con ese pago. “Niego absolutamente haber recibido dinero o haber pedido dinero a cambio de realizar un juicio abreviado”, afirmó.
La causa judicial a la que se hace referencia se originó tras un hecho ocurrido el 6 de enero de 2025 en el barrio 1.000 Viviendas, cuando fue detenido Pablo Ferreira, conocido como “Chavo Ferreira”. En ese expediente se aplicó la figura del juicio abreviado, un mecanismo legal mediante el cual el imputado reconoce su responsabilidad penal y acepta una condena sin necesidad de llegar a un juicio oral.
Según explicó Gamarra, el acuerdo concluyó con una pena de un año de prisión efectiva, superior al mínimo previsto para el delito investigado, que era de seis meses. La fiscal indicó que el acuerdo fue discutido con la defensa y que incluso hubo diferencias durante las negociaciones.
“El defensor pretendía que quitara algunos de los delitos imputados y me negué. Mantuvimos la misma calificación desde la apertura de investigación”, sostuvo.
En ese marco, la funcionaria aseguró que todas las conversaciones mantenidas con el defensor quedaron registradas. De hecho, informó que entregó su teléfono celular a la Justicia para que se analicen los mensajes y audios intercambiados durante el proceso.
“En mi teléfono están todas las conversaciones con el doctor Castro desde febrero, donde hablamos de la causa, del acuerdo abreviado y de cómo se iba a desarrollar la audiencia. No hay absolutamente nada sobre dinero”, explicó.
Gamarra señaló además que en esos registros se encuentra incluso un audio en el que el propio defensor le comunica que el imputado aceptaba finalmente la condena de un año de prisión, lo que —según remarcó— demostraría que el acuerdo no fue sencillo ni especialmente beneficioso para la defensa.
Durante su exposición pública, la fiscal también planteó una hipótesis sobre lo ocurrido en el video. Según consideró, el abogado defensor podría haber solicitado a la familia del imputado una suma mayor a la correspondiente por honorarios profesionales, argumentando que parte de ese dinero sería para la fiscal.
“Creo que Martín Castro pidió más dinero de lo que correspondía y dijo que era para mí, para cobrar una suma de honorarios mucho mayor”, manifestó.
En ese sentido, pidió que la Justicia tome declaración tanto al defensor como a la madre del imputado para esclarecer lo sucedido. “Martín Castro tendrá que explicar qué fue lo que pasó y decir la verdad. Él es la única persona que puede aclarar esto”, afirmó.
Otro de los puntos que llamó la atención de la fiscal es el momento en que apareció el video. Según indicó, el acuerdo judicial se realizó en mayo de 2025, por lo que le resulta extraño que las imágenes se hayan difundido recién ahora, casi diez meses después.
“Me resulta muy extraño que aparezca ahora. No puedo relacionarlo concretamente con algo, pero sí es llamativo el momento”, expresó.
Además, sostuvo que el video que circula en redes sociales podría estar editado, aunque reconoció que también podría haber sido filmado por la familia del imputado como una forma de dejar constancia del pago realizado.
Para Gamarra, la difusión del material tiene una gravedad institucional significativa. “Lo que ocurre en ese video tiene una gravedad enorme porque se instala una mentira que afecta mi nombre y también la transparencia del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo.
Consultada sobre su continuidad al frente de la Agencia Anticorrupción del Chubut, la funcionaria aseguró que por el momento no pedirá licencia y que continuará con sus funciones mientras avanza la investigación.
“Voy a seguir al frente de la agencia. Entiendo que esta situación me afecta en lo personal y profesional, pero corresponde que se investigue y que se esclarezca lo ocurrido”, concluyó.