La Justicia de Trelew impuso una pena de cinco años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo a un joven que era menor de edad al momento de cometer un homicidio ocurrido en 2022. La decisión fue comunicada por el juez Fabio Monti luego de una audiencia realizada el jueves pasado, en la que se evaluó la posibilidad de aplicar una condena tras el vencimiento de las medidas socioeducativas que se le habían impuesto previamente.
El caso fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Aldo Nizetich, quien solicitó la fijación de una pena luego de analizar el desarrollo del proceso y los incumplimientos registrados durante el período de seguimiento.
El hecho ocurrió el 1 de mayo de 2022, alrededor de las 00:40, en un sector del barrio Constitución cercano a una biblioteca y una cancha de fútbol. Según se estableció, el imputado se presentó en el lugar portando un arma de fuego con el objetivo de encontrarse con Mateo Moreira. Al advertir la situación, la víctima intentó huir, pero el agresor efectuó al menos dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda y salió por el tórax, provocándole una herida mortal.
La causa fue calificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. Al momento del hecho, el acusado tenía 17 años.
En abril de 2023, la jueza Ivana González había dictado sentencia e impuesto medidas socioeducativas, en el marco del tratamiento previsto para menores. Posteriormente, en marzo de 2024, se dispuso una modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica, junto con la obligación de asistir a la escuela y participar en otras actividades, bajo seguimiento profesional y con informes sociales sobre su evolución.
Durante la audiencia reciente, el fiscal expuso diversos incumplimientos por parte del joven, entre ellos reiteradas inasistencias que afectaron su continuidad educativa y episodios registrados durante su permanencia en el COSE, lo que derivó en su traslado a la comisaría primera de Trelew. Según se había establecido previamente, el incumplimiento de las medidas podía derivar en una pena de hasta diez años y seis meses de prisión.
No obstante, la fiscalía tuvo en cuenta atenuantes como la falta de antecedentes condenatorios y algunos aspectos positivos en el cumplimiento de las pautas impuestas, por lo que solicitó la pena mínima prevista.
El juez Fabio Monti coincidió con ese criterio y destacó que, pese a los incumplimientos que incluso llevaron a la revocación de la detención domiciliaria, el joven evidenció esfuerzos durante el proceso y señales de evolución en su proyecto de vida.
El magistrado también señaló que, considerando el tiempo de detención ya cumplido, el condenado podría encontrarse en condiciones de acceder al beneficio de la libertad condicional. De concretarse, esto permitiría al Estado mantener un control sobre su conducta en libertad, exigiendo la continuidad de su tratamiento psicológico, la finalización de sus estudios o la inserción laboral.
En base a estos elementos, el juez consideró que la pena impuesta resulta justa y razonable dentro del marco legal vigente.