En medio del debate legislativo en Chubut, fiscales del Ministerio Público Fiscal manifestaron su respaldo al proyecto que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en cárceles y comisarías, al considerar que se trata de una herramienta clave para combatir el delito organizado desde lugares de detención.
El fiscal jefe Alex Williams se pronunció a favor de la iniciativa que se discute en la Legislatura provincial y advirtió sobre una problemática que, según indicó, se repite en múltiples investigaciones judiciales: la planificación de delitos desde el interior de las cárceles.
“Hoy vemos con claridad que muchas maniobras delictivas se organizan desde las cárceles”, sostuvo Williams, al tiempo que remarcó que el uso de dispositivos móviles por parte de internos no responde a casos aislados, sino a un fenómeno extendido que requiere una respuesta institucional concreta.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal, el Ministerio Público Fiscal ha detectado que personas privadas de la libertad utilizan celulares para llevar adelante estafas, extorsiones y amenazas. En ese contexto, aseguró que estos dispositivos se han transformado en una herramienta que permite sostener estructuras delictivas aún en situación de encierro.
“El celular se ha convertido en una herramienta para sostener estructuras delictivas desde el encierro. No se trata de un uso aislado, sino de un fenómeno que requiere una respuesta institucional”, explicó.
Williams también aclaró que el proyecto de ley no apunta a restringir derechos, sino a ordenar el sistema de comunicaciones dentro de los establecimientos de detención. En ese sentido, enfatizó que las personas detenidas deben poder mantener contacto con el exterior, pero a través de mecanismos controlados por el Estado.
“Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse, pero ese derecho debe garantizarse a través de canales supervisados por el Estado. Lo que no puede permitirse es que se utilicen medios no controlados para seguir cometiendo delitos”, afirmó.
Finalmente, el fiscal subrayó la necesidad de avanzar con una normativa clara y uniforme en toda la provincia, destacando el impacto directo que este tipo de medidas puede tener en la seguridad pública. “Es necesario dar una respuesta integral a un problema que impacta directamente en la seguridad de la ciudadanía. Este proyecto va en esa dirección y por eso entiendo que es importante”, concluyó.
El proyecto continúa en debate en la Legislatura del Chubut y se enmarca en una discusión más amplia sobre seguridad, control penitenciario y prevención del delito en la provincia.