El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ha encabezado una fuerte ofensiva política contra el Gobierno Nacional tras la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la gestión de Javier Milei. La medida, que se concretó mediante un decreto el pasado jueves, despojó a la provincia del control de su principal terminal portuaria y resultó en la desvinculación inmediata de personal operativo. Para el mandatario provincial, la coincidencia entre esta intervención y el arribo de un avión militar estadounidense proveniente de la Base Andrews no es casual, sino que responde a un plan de entrega de infraestructura estratégica a potencias extranjeras.
Desde el gobierno provincial se denunció que la Casa Rosada ha actuado con una opacidad deliberada. Mientras los senadores fueguinos Cristina López y Pablo Blanco exigían respuestas en la Cámara Alta sobre la presencia de altos mandos extranjeros en suelo argentino, las autoridades locales aclararon que no tienen facultad legal para intervenir en la autorización de vuelos militares oficiales, cuya responsabilidad recae exclusivamente en el Estado Nacional. El conflicto ha escalado a un nivel de tensión institucional sin precedentes, donde la provincia denuncia que se está utilizando el pretexto de la «eficiencia administrativa» para ceder el control logístico del Atlántico Sur a intereses externos, ignorando los derechos constitucionales de las provincias sobre sus recursos naturales y puertos.