El Dr. Diego Soto Payva fue beneficiado con una suspensión de juicio a prueba. El dinero será destinado al Hogar de Ancianos «Pedro Déttori» de Trelew tras comprobarse la falsificación de 157 trámites de licencias de conducir.
Uno de los escándalos de corrupción administrativa más resonantes de los últimos años en el Valle del Chubut llegó a su cierre judicial este lunes. El médico Diego Soto Payva, principal imputado en la causa conocida como «los carnets truchos», logró evitar el juicio oral y público tras acordar una reparación económica millonaria y una serie de reglas de conducta.
El acuerdo, presentado por el defensor Fabián Gabalachis y la funcionaria de Fiscalía Florencia Pallucchini, fue homologado por el juez Fabio Monti. El magistrado consideró que la propuesta era «razonable», dado que se trata de un delito contra la fe pública con una pena de ejecución condicional, el imputado no posee antecedentes y no se registró un perjuicio económico directo contra el Estado.
Reparación solidaria y cuotas
La investigación fiscal determinó que Soto Payva impulsó 157 trámites con firmas falsificadas para obtener licencias de conducir ante la Municipalidad de Trelew. Basándose en el costo de cada trámite ($35.000), se fijó una reparación total de $5.495.000, la cual será donada íntegramente al Hogar de Ancianos «Pedro Déttori».
El esquema de pago comenzará en junio con una cuota inicial de $920.000, seguida de cinco pagos mensuales de $915.000 cada uno.
Un año bajo la lupa
A cambio de suspender el proceso penal, Soto Payva deberá cumplir durante un año con las siguientes condiciones de la probation:
Fijar domicilio y no cometer nuevos delitos.
Abstenerse del consumo de estupefacientes.
Presentarse cada cuatro meses ante la Agencia de Supervisión.
Una vez transcurrido este plazo y cumplidos todos los pagos y reglas, el médico será sobreseído definitivamente.
El origen del escándalo
La trama salió a la luz en febrero de 2025, tras denuncias sobre la emisión irregular de certificados de aptitud para conducir en Trelew y Gaiman entre julio y diciembre de 2023. Soto Payva fue acusado de falsedad material e ideológica por utilizar sellos y firmas falsas de una psicóloga y de un estudiante de psicología —quien también recibió una probation anteriormente— para agilizar los carnets de manera ilegal.
Con esta resolución, la justicia pone fin a un proceso que puso en duda la transparencia del sistema de emisión de licencias en la región, transformando la sanción penal en un beneficio económico para una de las instituciones solidarias más emblemáticas de la ciudad.
Imagen: Diario Jornada