El Gobierno de Chubut sumó un nuevo capítulo a su historial de decisiones repentinas: rescindió sin aviso previo el contrato que había firmado hace apenas 45 días con Profand, devolviendo la gestión de los activos de Alpesca a Red Chamber. El abrupto volantazo dejó en evidencia la fragilidad institucional y la escasa previsibilidad jurídica que espanta a cualquier empresa que intente invertir en la provincia.
La firma viguesa expresó su “consternación” ante la “rescisión unilateral”, tras asegurar que cumplió cabalmente con cada obligación pactada. Desde octubre, Pesquera Deseado había asumido la planta, invertido en su reactivación y pagado salarios de todo el personal.
La situación se tensó aún más cuando el Ejecutivo provincial argumentó que ahora “no puede cumplir” con los permisos y buques que el mismo contrato exigía. La medida impacta de lleno en la continuidad de 400 puestos laborales, justo en la antesala de la temporada de langostino.
Mientras Profand anticipa acciones legales, Red Chamber vuelve al escenario y profundiza las denuncias cruzadas en Argentina y Estados Unidos. Un nuevo caso que muestra, una vez más, cómo la falta de reglas claras termina golpeando al tejido productivo de Chubut.