En tiempo récord, el gobierno de Chubut pegó un volantazo que abre tres frentes delicados: permisos de pesca “exprés”, un cambio de operador en la planta de Alpesca a días de haberla entregado, y un silencio elocuente sobre las irregularidades que el propio Ejecutivo dijo haber detectado en Red Chamber cuando la desplazó. El contexto es conocido: en una demanda civil en Estados Unidos, Red Chamber describió un presunto pedido de coima de US$ 6,5 millones vinculado a un alto funcionario provincial. Con esa acusación sobre la mesa, el mapa pesquero se reacomodó de la noche a la mañana.
Primero, los permisos. Otorgarlos o reasignarlos “de apuro”, sin informes técnicos previos (biomasa, esfuerzo, impacto en muelles y plantas), sin dictámenes completos, sin publicidad ni instancia de participación, choca con reglas básicas del derecho administrativo (causa, objeto, motivación, procedimiento y competencia) y con el principio de igualdad ante la ley. Que el gobernador Ignacio Torres invoque “paz social” o “inicio de temporada” no habilita a saltarse etapas: al contrario, exige más transparencia. Cualquier permiso “transitorio y precario” dictado para salir del paso nace flojo de papeles y queda expuesto a impugnaciones administrativas y judiciales por desvío de finalidad y falta de razonabilidad.
Segundo, la planta de Alpesca. Entregarla a Profand y, a los pocos días, quitarle el control para “devolvérsela” a Red Chamber bajo un esquema puente, es una señal de inestabilidad regulatoria que vulnera la seguridad jurídica. Cambiar de arrendatario casi en caliente, sin un proceso competitivo ni criterios públicos, sugiere decisiones discrecionales difíciles de sostener si alguien pide el expediente completo: ¿cuál fue la evaluación comparativa? ¿Dónde están los actos que la motivan? ¿Qué cambió —jurídica y técnicamente— entre una semana y la siguiente para justificar la marcha atrás del propio gobernador?
Tercero, las “irregularidades” de Red Chamber. Hace meses el propio Torres argumentó que RC incumplía el contrato por la ex Alpesca: cánones, inversiones y obligaciones no realizadas. Esa fue la base política y jurídica para desplazarla e introducir a Profand. Hoy, con la denuncia por coimas reventando la agenda, el gobierno hace lo contrario: acuerda con Red Chamber, habilita su regreso y promete continuidad operativa. Pregunta inevitable: ¿quedaron subsanadas aquellas irregularidades? Si estaban probadas, ¿dónde están los actos que las dejan sin efecto? Si no lo estaban, ¿por qué se invocaron para echar a RC y abrir la puerta a otro operador? Y si lo único que cambió fue la denuncia por coimas, ¿ese “dato externo” bastó para borrar de un plumazo el discurso oficial de los incumplimientos?
El hilo conductor es la desprolijidad. Permisos que aparecen y desaparecen según la urgencia política; una planta que cambia de manos sin licitación ni competencia; fundamentos que mutan sin rastro documental sólido. Todo esto, además, mientras el Ejecutivo impulsa acuerdos y viajes para “destrabar” el frente pesquero, y el sector —cámaras y gremios— denuncia “regalos” regulatorios. El resultado es un cóctel peligroso: decisiones estratégicas sobre un recurso público tomadas en clave de coyuntura, con alta discrecionalidad y bajo estándar de control.
Si el gobernador Ignacio Torres de verdad quiere despejar la sospecha de que la denuncia por coimas fue el gatillo para reescribir todo el mapa pesquero, tiene un camino único y verificable: publicar completos los expedientes (informes técnicos, dictámenes, fundamentos y firmas), explicar por qué sus permisos “precarios” no violan la normativa y exhibir la resolución puntual que dejó sin efecto —si es que la hay— las “irregularidades” que él mismo le adjudicó a Red Chamber para echarla. Sin esa transparencia mínima, Torres queda como el arquitecto de una devolución de favores regulatoria hecha a las apuradas, con Profand como daño colateral, la Secretaría de Pesca convertida en ventanilla discrecional y la legalidad colgando de un hilo. En criollo: o el gobernador muestra papel por papel, o asume el costo político de haber cambiado todo por la presión de una acusación de coima escrita en una corte extranjera.
RESOLUCION
