En Chubut está ocurriendo algo más grave que una discusión técnica sobre permisos de pesca. Mientras una empresa multinacional, Red Chamber, denunció ante la Justicia de Estados Unidos un presunto pedido de coima por 6,5 millones de dólares vinculado al poder político de la provincia, la Legislatura avanza con un proyecto para habilitar nuevos permisos pesqueros como si ese escándalo no existiera.
Y hay cinco nombres que no pueden mirar para otro lado, porque son ellos los que este martes tienen el dedo en el botón: Sixto Osvaldo Bermejo, Leonardo Gilberto Bowman, Héctor Emanuel Fernández, Fabián Benito Gandón y Claudia Mariela Williams.
Los cinco son diputados del oficialismo, responden políticamente al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, e integran la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, más conocida como la comisión de pesca. Esa mesa chica decidirá si el proyecto obtiene estado parlamentario o si se frena antes de llegar al recinto.
Un escándalo internacional que el gobierno intenta minimizar
Lo que hace explosiva esta discusión no es solo el negocio que está en juego, sino el contexto. En una corte federal de California, Red Chamber dejó por escrito que un funcionario del gobierno de Chubut habría reclamado 6,5 millones de dólares en “B-money” como condición para seguir operando y acceder a activos clave del negocio pesquero.
El gobierno de Torres niega las acusaciones y habla de “diferendos entre privados”, mientras insiste en que “no hay una causa penal abierta”. Pero la denuncia existe, está plasmada en un documento judicial de los Estados Unidos, y cualquier fiscal argentino podría tomarla de oficio para investigar qué pasó realmente.
Pese a eso, no hubo hasta el momento una reacción institucional acorde a la gravedad del caso.
Ni en la Justicia Federal ni en los tribunales provinciales hay señales de investigación. Mientras tanto, el “affaire del langostino” avanza más rápido en los despachos políticos que en los judiciales.
Una comisión clave bajo la lupa
En este escenario, la comisión de pesca deja de ser un mero trámite legislativo para transformarse en el filtro político que puede habilitar nuevos permisos millonarios en un sector bajo sospecha.
Si Bermejo, Bowman, Fernández, Gandón y Williams deciden darle estado parlamentario al proyecto, lo harán sabiendo que existe una denuncia por coimas millonarias vinculada directamente al negocio que ahora están discutiendo.
El oficialismo intentará presentar la sesión como un paso más hacia la “normalización” del sistema pesquero, con promesas de inversión y trabajo. Pero la pregunta de fondo sigue siendo otra:
¿Tiene sentido seguir repartiendo licencias y cuotas pesqueras sin esclarecer antes las sospechas de corrupción que manchan al sector?
Lo que se juega este martes
Referentes opositores ya marcaron su posición. César Treffinger, entre otros, advirtió que este proyecto podría funcionar como un intento de encubrimiento, disfrazado de reordenamiento administrativo.
“Lo que se busca con estas maniobras es tapar el escándalo”, señalaron desde espacios críticos al gobierno provincial.
Por eso, la sesión de este martes será una verdadera prueba de carácter político.
Los cinco diputados oficialistas que integran la comisión tendrán que decidir qué mensaje darle a la sociedad:
si Chubut elige la transparencia y la investigación a fondo, o si confirma, en los hechos, lo que Red Chamber denunció en una corte extranjera sobre cómo se hacen los negocios en esta provincia.
Porque este martes, Bermejo, Bowman, Fernández, Gandón y Williams no solo votan un proyecto pesquero: votan si Chubut limpia su nombre o se hunde un poco más en el barro de la corrupción.