Se trata de una acusación grave de intento de coima que los fiscales argentinos deberían investigar de oficio. La empresa Red Chamber mencionó el presunto pedido de US$ 6,5 millones por parte del funcionario provincial Andrés Meiszner en una denuncia por espionaje contra la empresa Profand radicada en Estados Unidos.
La pelea por el negocio del langostino patagónico cruzó fronteras y terminó en una corte federal de Estados Unidos. Allí, la empresa pesquera Red Chamber describió un presunto pedido de coimas por US$ 6,5 millones atribuido a un funcionario del gobierno de Chubut, en el marco del conflicto por la planta de la exAlpesca en Puerto Madryn.
El 30 de septiembre de 2025, Red Chamber Co. y su filial Red Chamber Argentina S.A. presentaron una demanda civil ante la Corte de Distrito del Centro de California contra el grupo español Profand S.L. y su subsidiaria Pesquera Deseado S.A.U. La acción se apoya, sobre todo, en el supuesto robo de secretos comerciales y en un esquema de “conspiración y corrupción” en torno al control de la planta y la flota que pertenecieron a Alpesca en Chubut. La denuncia es contra Profand y Pesquera Deseado SAU. El gobierno provincial no figura como demandado formal en el expediente, pero aparece mencionado en varios pasajes como actor central del conflicto, especialmente a partir de la rescisión del convenio con Red Chamber y el posterior ingreso de Profand como nuevo operador.
Según la demanda, el conflicto escaló en febrero de 2025, cuando el gobierno de Ignacio Torres dio por terminado el contrato con Red Chamber alegando incumplimientos y una fuerte deuda acumulada. En reemplazo, se abrió la puerta a la española Profand para operar la planta de la exAlpesca en Puerto Madryn. Como reacción, Red Chamber llevó el caso a la Justicia de Estados Unidos y detalló allí su versión de lo ocurrido.
El corazón de la acusación es un episodio que, según Red Chamber, ocurrió el 3 de abril de 2025 a las 14, en el hotel Alvear Art de la ciudad de Buenos Aires. Allí, siempre de acuerdo con el texto presentado en California, el entonces ministro de Economía y actual fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, se reunió con Marcelo Mou, presidente de Red Chamber Argentina. Durante ese encuentro se habría planteado el punto más explosivo del caso: la empresa sostiene que Meiszner le propuso pagar US$ 6,5 millones en “B-money” para poder continuar operando la planta expropiada de Alpesca y acceder a la compra de las instalaciones una vez finalizado el proceso judicial de expropiación. El pago, según el escrito, debía realizarse en dos tramos: US$ 3 millones iniciales y US$ 3,5 millones restantes al momento de la transferencia de los activos.
En el documento se explica que ese “B-money” sería un pago privado y no rastreable, algo incompatible con la legislación estadounidense que rige para empresas como Red Chamber, alcanzadas por la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que penaliza los sobornos a funcionarios extranjeros. Para los abogados de la compañía, la supuesta exigencia de este pago fue la antesala de todo lo que vino después: la rescisión del contrato, el ingreso de Profand, el conflicto por el control de la planta y, finalmente, la demanda por espionaje industrial y daños económicos en Estados Unidos.
La presentación en California no se limita al episodio del hotel porteño. Red Chamber describe también una secuencia que encuadra como espionaje y sustracción de información confidencial. Según la empresa, en mayo de 2025 funcionarios del gobierno de Chubut ingresaron a la planta de Puerto Madryn para una supuesta “tasación” vinculada al proceso de expropiación de Alpesca. Entre los asistentes habría habido técnicos con acento español que se presentaron como asesores de la Secretaría de Pesca, pero que en realidad serían empleados de Profand interesados en conocer a fondo los procesos productivos, el equipamiento y la organización de la planta.
Durante aquella recorrida, de acuerdo con el relato de la demanda, se tomaron fotos, videos y notas sobre maquinaria, procesos de fileteado, congelado, control de calidad, infraestructura de frío, logística interna y otros aspectos que Red Chamber considera secretos comerciales clave para su competitividad global. La compañía sostiene que esa información habría sido utilizada para facilitar la llegada de Profand a la planta y permitirle continuar con el negocio del langostino patagónico aprovechando la plataforma construida durante diez años de inversión.
Un punto clave, tanto jurídico como político, es la naturaleza de la acción presentada en California. No se trata de una causa penal contra funcionarios de Chubut, sino de una demanda civil de Red Chamber contra Profand, bajo leyes federales estadounidenses de secretos comerciales y conducta empresarial. El supuesto pedido de coima aparece como parte del relato fáctico que, según la empresa, explica el contexto en el que se le habría quitado la planta y facilitado el ingreso de su competidor. La mención al presunto pedido de US$ 6,5 millones no implica que el gobierno de Chubut o sus funcionarios estén siendo juzgados en Estados Unidos, pero sí deja asentada, en un documento judicial, una acusación grave de intento de coima que podría, en teoría, ser tomada por fiscales argentinos si decidieran investigar de oficio.
Hasta ahora, según la propia versión oficial, no hay una causa penal abierta en la Argentina por ese episodio del hotel Alvear Art ni una investigación formal sobre el presunto pedido de “B-money” a Red Chamber. Con el acuerdo en Trelew, la provincia exhibe una salida presentada como “ganar–ganar”: nueva inversión, continuidad del negocio pesquero y cierre de un conflicto que amenazaba con escalar en tribunales extranjeros. Para Red Chamber, el entendimiento implica conservar presencia en la Patagonia y evitar una guerra prolongada con un gobierno provincial clave para su operatoria.
Más allá de la foto de la firma y los anuncios de millones en inversión, la pregunta de fondo sigue abierta: si alguna vez habrá una investigación penal seria sobre el presunto pedido de US$ 6,5 millones relatado en una corte de Estados Unidos o si el affaire del langostino quedará como un capítulo más de la larga historia argentina en la que los conflictos que rozan la corrupción se cierran con acuerdos económicos y sin demasiadas respuestas sobre lo que realmente ocurrió puertas adentro.