Dos hombres fueron condenados a tres años de prisión efectiva luego de haber comprado calderas y materiales por más de 16 millones de pesos utilizando un cheque que resultó ser falso. La sentencia se dictó el 12 de febrero de este año, cuando la Justicia homologó un acuerdo de juicio abreviado en el que los imputados reconocieron su responsabilidad penal.
Los condenados son Ramón Alberto Heer y Nahuel Ezequiel Pucheta, quienes admitieron haber participado en la maniobra que perjudicó a la empresa “Madryn Clima”. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los implicados simularon representar al Servicio Penitenciario Federal para concretar la compra de los equipos y materiales de calefacción.
El hecho ocurrió el 15 de mayo de 2025. De acuerdo con la investigación, ambos realizaron una puesta en escena para generar confianza en el comerciante y adquirir mercadería por un valor superior a los 16,6 millones de pesos. Para pagar la operación entregaron un cheque que posteriormente se comprobó que no tenía fondos y era falso.
Durante el proceso judicial, el fiscal general Alex Williams informó al juez Horacio Yangüela que se había alcanzado un acuerdo con los defensores particulares Abdón Manyauik y Adrián Peroy para resolver la situación procesal de los acusados mediante un juicio abreviado. En este tipo de procedimientos, los imputados reconocen el hecho y su participación, lo que permite acortar los tiempos del proceso judicial.
En el marco de ese acuerdo, Heer y Pucheta aceptaron la declaración de responsabilidad penal y la imposición de una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Además de la condena, se estableció una reparación económica para la víctima por un total de 16.589.605 pesos. Ese monto se integró mediante transferencias bancarias y la entrega de dinero que había sido secuestrado durante la investigación.
Tras escuchar a las partes y verificar que los imputados reconocían su autoría en la maniobra, el juez Yangüela declaró admisible el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas y procedió a homologarlo, dejando firme la condena.
El caso refleja una modalidad de estafa que utiliza identidades institucionales o representaciones falsas para obtener bienes o servicios mediante engaños, una práctica que suele investigarse bajo delitos vinculados al fraude y el uso de instrumentos de pago falsificados.