La Justicia resolvió condenar a Juan Carlos Centeno por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil condicional, luego de un juicio oral en el que la Fiscalía logró acreditar que poseía una carabina sin autorización legal.
La sentencia fue leída durante la mañana de este jueves, tras el debate realizado el pasado 21 de mayo, en una causa investigada por el Ministerio Público Fiscal a través del fiscal general Gustavo Núñez y la funcionaria de fiscalía Ruth Ortega.
El juez Gustavo Castro adoptó la hipótesis presentada por la Fiscalía y condenó al acusado a tres años de prisión de ejecución condicional, además de imponerle pautas de conducta y accesorias previstas por la ley.
El arma hallada en un domicilio de Gaiman
Durante el juicio oral quedó acreditado que el hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2021 cerca de las 8:20 de la mañana, en un domicilio de Gaiman.
Según la investigación judicial, Juan Carlos Centeno tenía en su poder una carabina sistema de cerrojo a repetición marca Mauser, modelo argentino 1981, de origen alemán, sin contar con la autorización legal correspondiente.
Las pericias realizadas sobre el arma determinaron que se trataba de un arma de guerra y de uso civil condicional, apta para el disparo y con funcionamiento normal.
A partir de esos elementos de prueba, la Fiscalía sostuvo que la conducta encuadraba en el delito de tenencia de arma de guerra de uso civil condicional en carácter de autor, previsto en el artículo 189 bis inciso segundo y el artículo 45 del Código Penal.
Qué implica una condena de ejecución condicional
La pena impuesta por el juez es de ejecución condicional, lo que significa que el condenado no irá a prisión de manera efectiva siempre y cuando cumpla las condiciones y reglas de conducta fijadas por la Justicia durante el plazo establecido.
Este tipo de condenas suele aplicarse en determinados casos cuando no existen antecedentes graves o cuando la pena impuesta permite una modalidad no efectiva de cumplimiento.
La tenencia ilegal de armas de guerra constituye uno de los delitos contemplados por el Código Penal argentino debido al riesgo que representa la posesión de armamento sin control ni autorización estatal.