La Justicia de Rawson rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por uno de los imputados en el homicidio de Mario Giannobile, un caso que sigue generando fuerte impacto en la región. La decisión fue tomada por la jueza de garantías Eve Ponce, quien consideró que persisten riesgos procesales clave, especialmente el peligro de fuga.
El planteo había sido impulsado por la defensa de García, quien solicitó cumplir la detención en su domicilio para poder asistir a una de sus hijas. Sin embargo, la magistrada entendió que no se aportaron informes que acrediten esa necesidad específica y remarcó que la afectación del vínculo familiar es una consecuencia común en personas privadas de la libertad.
Durante la audiencia, el imputado manifestó su intención de cumplir con las condiciones que se le impusieran y ofreció incluso adquirir una tobillera electrónica para facilitar el control. Su abogado defensor, Diego Cruceño, sostuvo que debía primar el principio de inocencia y que su defendido no cuenta con antecedentes penales, además de tener arraigo en la zona. También propuso dejar un departamento como garantía ante un eventual incumplimiento.
A pesar de esos argumentos, el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill se opuso al pedido y remarcó que el riesgo de fuga sigue vigente. En ese sentido, recordó que el imputado se mantuvo prófugo durante la investigación, con ayuda de familiares, y que incluso llegó a falsificar documentos de identidad. Además, señaló que existe un pedido de prisión preventiva en la Justicia Federal y que, en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de prisión perpetua.
El fiscal también hizo referencia a pruebas científicas que ubicarían a García tanto en la escena del crimen como en la camioneta utilizada para trasladar el cuerpo de la víctima, lo que refuerza la hipótesis acusatoria.
En paralelo, la jueza Ponce resolvió días atrás extender por seis meses el plazo de investigación, a pedido del Ministerio Público Fiscal. El caso investiga el homicidio de Mario Giannobile, ocurrido a fines del año pasado en Playa Unión, donde la víctima fue golpeada y luego arrojada desde un acantilado entre las playas Magagna y Santa Isabel.
Por este hecho también permanecen detenidos e imputados el capitán de barco César Fresco y Fabián Sampietro, en una causa que continúa avanzando mientras se profundizan las pericias y la recolección de pruebas.