La Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut expresó su profunda preocupación por la interrupción de los servicios médicos y de farmacia de la obra social provincial, una situación que mantiene sin cobertura a miles de empleados públicos. El pronunciamiento, firmado por Carina Estefanía (presidenta) y Andrea García Abad (secretaria), advierte que el corte “representa un grave perjuicio para quienes dependen de estos servicios para su bienestar y salud”.
El reclamo se suma a una ola creciente de malestar entre docentes, trabajadores de la administración central y personal de seguridad, quienes desde hace semanas vienen denunciando demoras, rechazos de prestaciones y suspensión de convenios con clínicas y farmacias. En un contexto nacional donde los costos en salud aumentan por encima de la inflación y las obras sociales provinciales enfrentan déficits estructurales, la situación en Chubut se vuelve todavía más crítica.
La Magistratura exhortó a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas que permitan restablecer los servicios, remarcando que garantizar el acceso a la atención médica y a los tratamientos farmacológicos es una obligación ineludible del Estado, especialmente para quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la administración pública.
Uno de los puntos más duros del pronunciamiento es el pedido de transparentar las razones por las cuales no se está cumpliendo con los pagos a los prestadores médicos, pese a que hace un año —a instancias del gobierno provincial— se aprobó una ley que duplicó los aportes obligatorios de todos los trabajadores estatales.
“Es imperativo que se informe cuál fue el destino de esos fondos y por qué, aun con mayores contribuciones, los servicios se encuentran paralizados”, señalan.
La Asociación también exige que el Gobierno dé a conocer un plan de acción concreto que asegure la reactivación inmediata y el sostenimiento futuro de la cobertura médica, considerada “un servicio indispensable para la integridad física y emocional de toda la comunidad trabajadora”.
Mientras tanto, prestadores de distintas localidades advierten que la deuda acumulada compromete el funcionamiento de consultorios, laboratorios y centros de diagnóstico. La incertidumbre crece y deja a miles de familias sin certezas sobre cómo afrontar tratamientos en curso, medicaciones crónicas o situaciones de urgencia.