La causa por el doble homicidio ocurrido en diciembre de 2018 dio un paso decisivo este lunes con la realización de una audiencia clave a las 10 de la mañana. La instancia fue encabezada por la jueza penal Stella Eizmendi y contó con la presencia de familiares de las víctimas, en una jornada marcada por la expectativa de avances concretos en el proceso judicial.
La investigación, impulsada por la fiscal Silvana Salazar, logró reunir un importante volumen de pruebas en torno a los asesinatos de Héctor “Pato” López, de 25 años, y Federico Lomeña, de 27. Ambos hechos ocurrieron con pocos días de diferencia y, según la reconstrucción judicial, estuvieron vinculados a un mismo grupo de personas.
De acuerdo con la acusación, el 6 de diciembre de 2018 Lomeña fue atacado en una vivienda ubicada en calle Berwin al 240 mediante golpes y armas blancas. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado y enterrado en la zona de Playa Paraná. Cuatro días más tarde, el 10 de diciembre, López fue convocado al mismo domicilio, donde habría sido agredido con golpes y maniobras de sofocación que le provocaron la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue ocultado en el Parque Ecológico El Doradillo.
El expediente atravesó un recorrido judicial complejo. Inicialmente tramitó en la justicia provincial, pero luego fue derivado a la Justicia Federal ante la sospecha de una posible conexión con delitos de narcotráfico. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal se declaró incompetente al momento del juicio, lo que derivó en el retorno del caso al ámbito provincial para su continuidad.
En la causa están imputados Genaro Carrizo Artiles, Nicolás Valencia, Nalib Zajur, Aaron Sepúlveda, Giulio De Cecco y B.B., quien era menor de edad al momento de los hechos, todos con distintos grados de responsabilidad.
Durante la audiencia, las partes expusieron sus posiciones respecto a la prueba que se incorporará al juicio, incluyendo testimonios, pericias y documentación. En ese marco, se presentó una propuesta de juicio abreviado con el acuerdo de las partes, en la que los imputados reconocerían su culpabilidad. La decisión final sobre esta modalidad será tomada por la jueza Eizmendi.
En los próximos días se definirá el rumbo del proceso. La magistrada cuenta con un plazo de cinco días hábiles para resolver tanto la admisibilidad de la prueba como la viabilidad del juicio abreviado. En caso de ser aceptado, se avanzará con la homologación de las condenas.
El avance hacia esta instancia representa un momento clave en la causa, no solo para determinar responsabilidades penales, sino también para acercar una respuesta judicial a las familias de las víctimas, que siguen de cerca cada etapa del proceso.