La crisis contractual entre Red Chamber y Profand paralizó la actividad pesquera en Chubut. La provincia exige al gobernador publicar los expedientes completos para desmantelar la «inseguridad jurídica» generada por las decisiones discrecionales.
El escándalo por las presuntas coimas que se habrían solicitado en la actividad pesquera dejó de ser un «tema de muelle» en Chubut para convertirse en una noticia que ocupa las portadas de los medios nacionales. Mientras la demanda en Estados Unidos gana notoriedad, en Chubut, la actividad pesquera está totalmente paralizada, con gremios y empresarios reclamando reglas claras y transparencia.
El Gobierno provincial ha convocado a reuniones de urgencia para intentar explicar la «situación contractual» con las empresas. Sin embargo, el principal foco de crítica no es solo lo que se denuncia, sino la forma en que se están tomando las decisiones, lo que se traduce en un cóctel explosivo de «desprolijidad, discrecionalidad e inseguridad jurídica».
Las decisiones que generan la crisis:
Permisos «Exprés»: Emisión de permisos de pesca sin la debida justificación ni informes técnicos de la noche a la mañana.
Volantazo con Alpesca: La planta fue entregada a Profand y, a los pocos días, fue devuelta a Red Chamber bajo un esquema puente, sin un proceso competitivo ni criterios públicos.
Intervención Judicial: Incluso se llegó a una homologación por parte del STJ a un acuerdo entre el Estado y un privado en un conflicto considerado «básicamente administrativo