El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dejó firme la condena contra la exministra y exdiputada provincial Cecilia Torres Otarola en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”, donde fue hallada culpable por fraude a la administración pública y exacciones ilegales.
La resolución confirmó la sentencia dictada el 12 de junio de 2025 por la Cámara en lo Penal de Trelew, que condenó a la exfuncionaria a dos años y ocho meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de costas judiciales.
La decisión del máximo tribunal provincial llegó luego de rechazar los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Torres Otarola y de otros imputados involucrados en la causa.
Qué investigó la causa “Ñoquis Calientes”
Según el expediente judicial, Cecilia Torres Otarola fue investigada por dos maniobras distintas cometidas durante su paso por la Legislatura provincial y posteriormente como ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut.
Por un lado, la Justicia determinó que, cuando era diputada provincial, exigía a algunos de sus asesores legislativos la entrega de aproximadamente el 50% de sus salarios.
De acuerdo con la investigación, el dinero era canalizado a través de Silvana Cañumil y luego transferido a cuentas vinculadas a Torres Otarola. El Superior Tribunal confirmó que esa conducta encuadra en el delito de concusión, al considerar que existió un pedido abusivo y derivado del cargo político que ocupaba.
Contrataciones irregulares y sueldos sin funciones
La segunda parte de la causa estuvo vinculada a designaciones realizadas durante su gestión como ministra provincial.
Según acreditó la investigación, Torres Otarola nombró a Mara Lorena Rodera como directora general y a Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles como directores dentro de la estructura estatal, pese a que todos residían en Buenos Aires y no cumplían funciones efectivas.
El fallo confirmó que esas incorporaciones constituyeron fraude a la administración pública, ya que se utilizaron designaciones con supuesta idoneidad para integrar personas al sistema salarial provincial sin que realizaran tareas para el Estado chubutense.
La investigación y el juicio estuvieron encabezados por el fiscal general Omar Rodríguez, actual titular de la Fiscalía de Trelew.
Las condenas quedaron firmes
Además de la condena contra Cecilia Torres Otarola, el Superior Tribunal dejó firmes las penas contra Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles.
Todos ellos fueron condenados a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las impugnaciones extraordinarias habían sido presentadas por los abogados defensores Florencia Ana Aida Barba y Romano Cominetti, pero fueron declaradas improcedentes con costas por el Superior Tribunal.
La resolución lleva las firmas de los ministros Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidan, Camila Lucía Banfi Saavedra y Mario Luis Vivas, junto al juez de Cámara Martín Roberto Montenovo.
Con el rechazo de los recursos, la sentencia N° 78/2025 dictada por la Cámara en lo Penal de Trelew quedó firme de manera definitiva.
Los delitos vinculados a fraude al Estado y designaciones irregulares en organismos públicos suelen ser considerados de alto impacto institucional debido al uso indebido de fondos públicos y al perjuicio generado sobre la administración estatal.