La investigación por una presunta organización dedicada a realizar maniobras defraudatorias a gran escala, que inició a partir de una denuncia en Puerto Madryn, sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia dispuso la prisión preventiva de un cuarto investigado en una causa que ya acumula víctimas en distintas provincias argentinas y un daño económico estimado en varios millones de dólares.
La medida fue resuelta por el juez de garantías Daniel Yanguela durante una audiencia realizada por videoconferencia, en la que también se formalizó la imputación de otro sospechoso, aunque este último continuará el proceso en libertad bajo estrictas restricciones.
La causa es impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), que desde hace meses lleva adelante una investigación considerada de alta complejidad por el volumen de pruebas recolectadas, la cantidad de personas involucradas y la extensión territorial de las maniobras.
Millones de pesos perdidos y nuevas víctimas bajo análisis
Durante la audiencia, el fiscal general Fernando Rivarola expuso el alcance económico de la investigación y sostuvo que el perjuicio generado asciende a miles de millones de pesos, equivalentes a varios millones de dólares.
Uno de los casos analizados dentro del expediente revela que una víctima llegó a invertir 857 millones de pesos en una plataforma que, según la hipótesis fiscal, formaba parte del esquema fraudulento. Gran parte de esos fondos habría sido canalizada a través del Grupo Financiero Big Ben, una de las firmas mencionadas en la investigación.
Desde la Fiscalía advirtieron además que el número de damnificados podría seguir creciendo. Según explicó Rivarola, a medida que avanza la pesquisa aparecen nuevas empresas presuntamente vinculadas a las maniobras investigadas, lo que abre la posibilidad de que existan cientos de víctimas adicionales en distintos puntos del país.
El entramado empresarial que investiga la Fiscalía
Uno de los ejes centrales de la causa apunta a una serie de personas jurídicas que habrían sido utilizadas para captar fondos, mover dinero entre distintos operadores y dificultar el seguimiento de las transacciones.
Entre las firmas identificadas por los investigadores figuran BLOBAL TT, Instrumental Norte, Smile Tecnología, Grupo Financiero Big Ben, Chicago Fin Group, Pagos Universales, Lynder G&S Solutions, Novatrek y XAEP, además de otras sociedades que continúan bajo análisis.
La hipótesis de los fiscales sostiene que estas estructuras empresariales habrían permitido circular sumas millonarias y generar mayores obstáculos para rastrear el destino final de los fondos.
Una investigación compleja con alcance nacional
La Justicia ratificó el carácter de «causa compleja», una calificación que permite extender los plazos de investigación hasta un año y seis meses.
La decisión se fundamenta en la cantidad de evidencia digital reunida, la participación de múltiples estructuras empresariales y el alcance interjurisdiccional de las maniobras bajo investigación.
En el marco de la causa ya se realizaron allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas localidades del Gran Buenos Aires. Los procedimientos, efectuados el 28 de abril y el 20 de mayo, permitieron secuestrar dinero en efectivo, moneda extranjera, dispositivos electrónicos, documentación y diversos soportes de almacenamiento digital que ahora forman parte de las pruebas analizadas por los investigadores.
Cooperación entre provincias y posibles nuevas medidas
El expediente avanza con la colaboración de fiscales de distintas jurisdicciones del país, quienes intercambian información a través de mecanismos de cooperación especialmente diseñados para investigaciones complejas.
Además, se encuentra en evaluación la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), una herramienta que busca fortalecer la coordinación operativa y acelerar el intercambio de datos entre organismos judiciales.
Desde la Fiscalía no descartan nuevas medidas procesales ni la incorporación de más personas al expediente a medida que se profundice el análisis de la documentación y de la evidencia digital secuestrada.
Cómo quedó la situación de los imputados
Actualmente, la causa registra cuatro imputados con prisión preventiva y un quinto acusado sometido a restricciones judiciales.
Uno de los investigados permanecerá detenido al menos hasta el 23 de junio mientras se analiza su eventual traslado a Chubut. Por su parte, otro imputado continuará en libertad, aunque deberá cumplir una serie de obligaciones impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de mantener contacto con personas vinculadas a los hechos investigados, la fijación de domicilio y presentaciones periódicas ante una dependencia policial de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la investigación todavía en marcha y nuevas líneas de análisis abiertas, la Justicia busca determinar el alcance real de una presunta organización que habría operado en distintos puntos del país y generado pérdidas millonarias a particulares y empresas.