Los incendios forestales que arrasan la Comarca Andina vuelven a exponer la falta de prevención, el ajuste presupuestario y las reformas que debilitan el cuidado del ambiente en el sur argentino.
El avance del fuego en la Comarca Andina de Chubut dejó un saldo alarmante: miles de hectáreas de bosque nativo destruidas, viviendas afectadas y comunidades enteras en estado de emergencia. Aunque el clima extremo suele aparecer como explicación inmediata, el trasfondo es más profundo y tiene que ver con decisiones políticas que redujeron la capacidad del Estado para prevenir y controlar incendios forestales.
La actual emergencia ocurre en un contexto de ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional, que impactó de lleno en las áreas ambientales y de protección civil. Menos recursos, menos personal y menor presencia territorial configuran un escenario donde el fuego encuentra condiciones ideales para avanzar sin control.
Brigadistas al límite y prevención en retroceso
Uno de los puntos más críticos es la situación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo clave para la prevención y el combate de incendios. Trabajadores del sector advierten desde hace meses sobre falta de equipamiento, contratos temporarios y salarios insuficientes, en un marco de creciente demanda operativa.
A esto se suma un dato clave: las alertas estaban emitidas. Desde noviembre, informes del Servicio Meteorológico Nacional y del propio sistema de manejo del fuego advertían sobre sequía prolongada, altas temperaturas y vegetación extremadamente seca, una combinación que eleva el riesgo de incendios de gran magnitud.
La estadística es contundente: el 95% de los incendios forestales tiene origen humano, ya sea por descuidos o de forma intencional. En los últimos años, solo en parques nacionales de Chubut, Río Negro y Neuquén se perdieron decenas de miles de hectáreas de bosque nativo, una tendencia que se repite cada verano.
Cambios legales y presión sobre los territorios
En paralelo a la emergencia ambiental, el Gobierno nacional impulsa reformas estructurales que generan fuerte preocupación. Entre ellas, los cambios propuestos a la Ley de Tierras y al régimen de Manejo del Fuego, elaborados en el ámbito del Consejo de Mayo.
La modificación de la Ley de Tierras busca flexibilizar los límites a la compra de grandes extensiones por parte de capitales extranjeros, incluso en zonas estratégicas del país. Actualmente, más de 12,5 millones de hectáreas están en manos foráneas, con una fuerte concentración en la Patagonia.
Por su parte, los cambios al régimen de Manejo del Fuego apuntan a reducir las restricciones que impiden modificar el uso del suelo tras un incendio, lo que para organizaciones ambientales representa un riesgo concreto: convertir al fuego en una herramienta de especulación inmobiliaria o productiva.
Chubut y la Comarca Andina, otra vez en emergencia
Localidades como Puerto Patriada, El Hoyo y áreas cercanas a El Bolsón y Bariloche vuelven a quedar en el centro de la crisis. Mientras brigadistas y voluntarios enfrentan las llamas con recursos limitados, crece la angustia de vecinos que ya vivieron situaciones similares en años anteriores.
La pérdida del bosque nativo no solo implica un daño ambiental: afecta el acceso al agua, la biodiversidad y las economías regionales, además de profundizar la vulnerabilidad de comunidades rurales y pueblos originarios que habitan estos territorios.
Incendios forestales: una crisis que se repite
Lejos de ser una catástrofe inevitable, los incendios forestales en la Patagonia exponen una combinación de falta de inversión, ausencia de políticas preventivas y debilitamiento de los organismos de control. La repetición del escenario año tras año refuerza una pregunta incómoda: cuánto pesa la protección del ambiente frente a las políticas de ajuste y liberalización.
Mientras el fuego sigue avanzando, la discusión sobre qué modelo de desarrollo se impulsa y quién protege el territorio vuelve a ocupar un lugar central en el debate público.
Fuente: Prensa Obrera