Un fuerte cimbronazo sacude las estructuras del Ministerio Público Fiscal. La fiscal Julieta Gamarra puso fin de manera abrupta a su gestión al frente de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública y pegó la vuelta a su puesto de origen en la Fiscalía de Trelew.
La salida de la funcionaria se concretó inmediatamente después de que se venciera la licencia que ella misma había solicitado. El pedido de apartamiento temporal se había desencadenado tras la explosiva viralización de un video en redes sociales que la colocó, de rebote, en el ojo de la tormenta.
El video que desató la crisis
El material audiovisual que originó el escándalo muestra al abogado Martín Castro recibiendo una suma de dinero en efectivo de manos de la madre de un condenado. Lo que transformó el hecho en un caso de gravedad institucional fueron las palabras del letrado en la grabación: Castro aseguraba que el dinero serviría para negociar una pena mucho más favorable mediante supuestas gestiones e influencias directas vinculadas a Gamarra.
Desmentida categórica y una Unidad en estado crítico
Desde el primer momento en que las imágenes salieron a la luz, la fiscal rechazó de forma tajante cualquier participación en los hechos y negó de manera absoluta tener algún tipo de relación con la maniobra denunciada. Sin embargo, el impacto del escándalo aceleró el fin de su ciclo en el área especializada, el cual había comenzado hace diez meses y debía extenderse originalmente hasta diciembre de este año.
Con el regreso de Gamarra a los tribunales de Trelew, se abre un panorama complejo para la persecución de los delitos de guante blanco. Su alejamiento deja una vacante crítica en la Unidad Anticorrupción, un área de máxima sensibilidad que, por el momento, quedará bajo el mando en solitario del fiscal Lucas Papini.