La ciudad del Golfo marcó un precedente en la lucha contra la delincuencia foránea. En un operativo coordinado entre la Justicia de Chubut y la Dirección Nacional de Migraciones, se hizo efectiva la expulsión del territorio argentino de Cristóbal Andrés Molina Martínez, un ciudadano chileno que formaba parte de una banda dedicada a saquear vehículos mediante el uso de inhibidores de señal.
El principio del fin para Molina Martínez ocurrió el pasado 18 de enero de 2026. Aquella tarde, lo que parecía un plan perfecto terminó en una persecución cinematográfica por las calles de Madryn. Los delincuentes habían logrado vulnerar el cierre centralizado de una camioneta para alzarse con dinero y pertenencias, pero no contaban con la rápida respuesta policial.
Tecnología al servicio del delito
La fiscal Silvana Salazar fue contundente en la imputación: hurto agravado por el uso de instrumento semejante a llave. El Código Penal argentino es severo cuando se utilizan dispositivos electrónicos (inhibidores) para burlar la seguridad de los ciudadanos, equiparando estos aparatos a llaves maestras.
«La medida de expulsión implica la prohibición absoluta de reingreso al país», confirmaron fuentes judiciales, subrayando que la política de «tolerancia cero» para extranjeros que delinquen en la provincia busca desalentar el arribo de bandas especializadas.
Uno afuera, otro adentro
Mientras Molina Martínez ya se encuentra fuera del mapa nacional, su socio de andanzas, Exequiel Jesús Benjamín González Saravia, continúa tras las rejas. El segundo imputado permanece detenido en la Alcaidía local, donde espera el avance de una causa que promete penas de cumplimiento efectivo.
Con esta deportación, las autoridades envían un mensaje claro: en Puerto Madryn, la tecnología para delinquir se paga con la cárcel o con el destierro.