La Fiscalía de Puerto Madryn avanzó de manera firme en la investigación por la brutal agresión sufrida por el árbitro Lautaro Carro durante un partido de la Liga del Valle. Los hechos, ocurridos el 6 de noviembre en la cancha del Club J.J. Moreno, derivaron en la imputación de nueve personas vinculadas al Club Defensores de La Ribera, en un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia en el fútbol regional.
El fiscal Alex Williams, acompañado por la funcionaria de Fiscalía Natalia González, presentó el pedido de apertura de investigación y formalizó la imputación penal contra los acusados. Según la reconstrucción del caso, el ataque comenzó al finalizar el encuentro: dos jugadores de La Ribera persiguieron a Carro, lo arrinconaron contra el banco de suplentes y comenzaron a golpearlo. Luego se sumaron otros futbolistas del equipo rawsense, propinándole patadas y golpes que fueron confirmados por el informe médico como lesiones múltiples.
La situación escaló rápidamente y obligó al personal policial presente en el operativo de prevención a activar un protocolo antitumultos para resguardar al árbitro. Durante el procedimiento, uno de los jugadores arrojó una botella contra los agentes e insultó a Carro, mientras que un preparador físico sumó amenazas verbales. Estos actos aumentaron la gravedad del episodio y reforzaron la necesidad de avanzar penalmente.
La Fiscalía identificó a los nueve involucrados: los jugadores Jonathan Catalán, Cristian Ibáñez, Agustín y Martín Proboste, Lucas, Cristian y Jonathan Salinas, Milton Bottaro y el preparador físico Nicolás Chávez. Los cargos que se les atribuyen incluyen lesiones leves agravadas por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, amenazas y resistencia a la autoridad agravada. Estos delitos se encuadran en la Ley 23.184 de espectáculos deportivos, que contempla agravantes específicos para hechos de violencia dentro o en los márgenes de un evento deportivo, con el objetivo de desalentar agresiones y proteger la integridad de árbitros, jugadores y espectadores.
La audiencia de apertura de investigación fue fijada para el 4 de febrero, ante la jueza Patricia Reyes. Desde allí se habilitará un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación, y con las pruebas reunidas, la Fiscalía podría avanzar en una acusación formal para elevar la causa a juicio.
El episodio reaviva el debate sobre la violencia en el deporte y la necesidad de reforzar medidas de seguridad y responsabilidad institucional en los clubes. Las autoridades remarcan que los ataques a árbitros no solo ponen en riesgo la integridad física de los protagonistas, sino que atentan directamente contra el desarrollo del deporte y la convivencia en los espacios deportivos.