La madre de “El Chavo” Ferreyra, Irene Ramírez, quedó en el centro de una investigación judicial en Trelew tras el allanamiento de su domicilio en el marco de una causa que indaga un presunto pago de dinero para aliviar una condena. El caso tomó estado público luego de la viralización de un video que, según confirmó la propia mujer, es auténtico.
En declaraciones recientes, Ramírez aseguró que tanto ella como su familia han sido “juzgados de una manera que no corresponde” por la difusión del material. Según explicó, un hombre identificado como Castro le habría indicado que la fiscal Julieta pediría cuatro años de prisión para su hijo, pero que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para reducir la pena a un año a cambio de un pago de 12 millones de pesos.
“Yo entregué los 12 millones como mamá y calculo que cualquier mamá o papá haría exactamente lo mismo”, sostuvo, al tiempo que aclaró que desconoce el destino final del dinero: “No sé si fue él o para dónde fue”.
Con el avance del caso y declaraciones públicas posteriores, Ramírez manifestó sentirse víctima de una estafa. Afirmó que, según trascendió en una entrevista de la fiscal, a su hijo le correspondían seis meses de prisión y, por tener antecedentes, la condena se elevó a un año. “Me siento estafada”, remarcó, y agregó que el mismo intermediario le había cobrado honorarios de 10.000 dólares.
En relación al origen de los fondos, la mujer explicó que provienen del trabajo de su esposo en la actividad pesquera desde hace más de 25 años. “No hay cosas raras, no vendemos droga, no somos chorros”, enfatizó.
Respecto al video viralizado, Ramírez aseguró que no fue ella quien lo grabó y que desconocía que la situación estaba siendo registrada. Según relató, en el momento de la entrega del dinero había tres personas presentes y una de ellas habría realizado la grabación sin su conocimiento. “Yo pedí un comprobante como resguardo”, explicó.
Por su parte, el padre de Pablo Ferreyra también se refirió al origen del video y vinculó su difusión a un conflicto personal. Señaló que la grabación habría sido realizada por la expareja de su hijo y que salió a la luz tiempo después de la separación. “Esto fue un despecho de un video que estaba guardado”, afirmó.
Además, expresó su desconcierto por el allanamiento y remarcó que no tienen vínculos con el ámbito político ni empresarial. “Soy un simple marinero que hace 25 años que trabajo en el agua”, sostuvo.
En cuanto a la situación judicial, la familia indicó que el joven enfrenta una audiencia por una supuesta denuncia de violencia de género. La misma está prevista para las 12:30 y contará con la representación de su abogada particular, Laila Mayangi.
El caso continúa en investigación y suma interrogantes sobre la veracidad del supuesto acuerdo judicial, el rol del intermediario señalado y las circunstancias en que se produjo la entrega del dinero. En paralelo, el episodio refleja una problemática más amplia: las posibles maniobras irregulares en contextos de vulnerabilidad, donde la urgencia y la desesperación pueden derivar en situaciones de presunta estafa.