La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir la plena vigencia de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial
. La norma, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto, fue suspendida por el Gobierno nacional hasta que el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento necesarias.
El Consejo Superior de la UBA tomó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En la resolución, el cuerpo sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
Además, advirtió que la medida “vulnera derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial”.
El documento —registrado bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC— instruye al rector a presentar las acciones judiciales correspondientes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”.